Presentan denuncia por ejercicios militares 20-01-04

El Gobierno Nacional promovió ayer una causa penal ante la Justicia Federal por presuntos vejámenes en el ámbito del Ejército, aplicados durante los cursos de adiestramiento de comandos, y en los próximos días la fiscalía propondría una serie de medidas de prueba.

La denuncia, presentada en forma conjunta por el ministro de Defensa, José Pampuro, y el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, recayó en el tribunal a cargo del juez federal Sergio Torres, transitoriamente subrogado por su colega Norberto Oyarbide.

Paralelamente el bloque de diputados nacionales del Partido Unidad Federalista (PAUFE), que lidera el ex comisario Luis Patti, anunció ayer que denunciará penalmente al presidente Néstor Kirchner por el arresto del teniente coronel Emilio Nani.

Nani fue sancionado con 15 días de arresto por haber rechazado en forma pública el repudio a la aplicación de torturas en entrenamientos militares y en las últimas horas Patti salió a acusar a la administración Kirchner de haber apelado a una medida «antidemocrática y despreciable».

Titular del partido «Movimiento por la Recuperación de la República», Nani calificó de «exageradas» las reacciones de rechazo a las fotografías que probarían los tormentos.

El Gobierno, justamente, ofreció como evidencia a l Justicia una serie de fotografías que acreditarían la práctica de torturas durante un Curso de Adiestramiento de Comandos dictado en 1986, informaron fuentes oficiales.

«En la denuncia se pone en conocimiento de la Justicia la información recolectada por la posible comisión de delitos en las prácticas realizadas, que importen violación a los derechos humanos garantidos por el ordenamiento jurídico vigente», consignó un comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Justicia.

El fiscal federal Carlos Rívolo emitirá en los próximos días un dictamen mediante el cual solicitaría las primeras medidas de prueba, dijeron fuentes judiciales que aclararon que, antes, se analizará si el asunto es competencia de los tribunales porteños porque los hechos se habrían producido en Córdoba. Es que la denuncia está referida a la instrucción militar brindada en el paraje Quebrada de la Cancha, en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba, donde la semana pasada fue iniciada una investigación.

El Gobierno, en tanto, radicó su propia presentación ante la Cámara Federal porteña, que derivó el caso al juzgado a cargo de Torres tras el sorteo de rigor.

El sumario fue abierto con el número 551/04 y calificado como «NN, sobre torturas» ya que la denuncia no identificaría a ninguno de los posibles responsables penales.

El sábado último el presidente Néstor Kirchner dijo, en rueda de prensa en Rio Gallegos, Santa Cruz, que «cada ex presidente y cada ministro de Defensa va a tener que dar explicaciones» sobre la presunta aplicación de tormentos en los cursos de comandos, al menos hasta 1994 o sea en democracia. Incluso el ministro Pampuro había advertido que «serán dados de baja» los militares en actividad que participaron de los polémicos cursos «si se comprueba que han cometido algún otro tipo de anormalidades que involucren alguna aberración a los derechos humanos en otras condiciones».

Pampuro también aseguró que se abrió un sumario interno en las Fuerzas Armadas y que «si cabe» el tema podría ser llevado a la Justicia Militar, aunque recordó que los participantes de este tipo de cursos de entrenamiento eran «voluntarios y conocían de antemano la metodología empleada». Los cursos fueron dictados en forma continua desde 1965 hasta 1991, se interrumpieron en 1992 y 1993, y se reanudaron en 1994 hasta que fueron erradicados definitivamente, explicó Pampuro, quien culpó a quienes lo antecedieron en el cargo entre 1983 y 89.

Confirman compra de picanas

El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, admitió ayer que el Servicio Penitenciario bonaerense «adquirió picanas», aunque aclaró que «están archivadas».

Solá tiene dudas de quién fue el comprador al manifestar que «no sé si fue en la época del doctor (Carlos) Ruckauf o en la del doctor (Eduardo) Duhalde la adquisición que el Servicio Penitenciario hizo de picanas que tienen guardadas, archivadas; sabemos dónde están, tenemos constancia de eso». Este último domingo un matutino difundió la información sobre la compra de picanas, hecho que para el gobernador «combinó denuncias de cuatro delincuentes bastante peligrosos de San Nicolás, dos de los cuales querían volver al lugar de donde se habían escapado».

«Fue una denuncia por apremios ilegales donde intervino un médico y un juez, pero no voy a opinar sobre algo que está físicamente lejos de mí; sí tomaron conocimiento el ministro de Justicia bonaerense y el jefe del Servicio Penitenciario Provincial», agregó. Tras admitir que la compra de picanas «existió, es real», declaró que «no sé si mis antecesores se enteraron de esta compra, ni sé quien fue el de la idea, pero están en desuso, archivadas».

Elevarán caso neuquino

NEUQUEN (AN).- La Corriente Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén presentará ante el Poder Ejecutivo Nacional la documentación en la que figura la denuncia realizada por el padre de uno de los jóvenes torturados durante ejercicios de instrucción militar en el Paraje Traful.

La causa fue iniciada en abril de 1986 por el fiscal federal Manuel de Reyes Balboa y ahora es retomada por Carlos Segovia y Oscar Ragni, dos militantes de la Corriente por los Derechos Humanos. En ese documento se detallan las torturas con electricidad aplicadas a los soldados que cumplían el servicio militar obligatorio durante ejercicios de instrucción realizados por la Compañía de Ingenieros de Montaña 6. Ragni informó que en principio tienen pensado presentarle la documentación del caso al presidente de la Nación, Nestor Kirchner «si es que aún no la tiene», y pedirle la intervención de las autoridades nacionales en el tema.

«Es claro que hay un ocultamiento de la información, si no esto habría salido antes a la luz», señaló, y continuó «con esta medida aspiramos a que se abran los archivos para que se investigue».Además el militante exigió que los ex presidentes de la Nación, Raúl Alfonsín y Carlos Menem «asuman las responsabilidades» del caso, ya que como comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas «no se les pudo haber escapado un hecho de éstas características», sostuvo.