Presentaron recurso por acuerdo con AFJP

El actor, Nito Artaza, líder de un grupo de ahorristas, presentó ayer ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo un pedido de "inconstitucionalidad" del acuerdo al que arribaron el gobierno y las AFJP por el canje de bonos en default.

Artaza, junto con los titulares de la Fundación Bicentenario, Juan Curutchet, y de la Asociación Civil de Defensa Ciudadana, Fabián Bergenfeld, pidió la "invalidez e inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 1375/04", que establece los términos de ese canje.

"Afecta, de forma inminente y con arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna", adujeron los denunciantes.

El DNU firmado por el presidente Néstor Kirchner y su gabinete cita en sus considerandos a la ley 24.241, que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y que establece la inejecutabilidad de los fondos previsionales.

La medida, sostuvieron, afecta a 9,3 millones de afiliados. Los bonos defaulteados ya fueron reprogramados en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, pero en aquella oportunidad estaban pautados en dólares y con la garantía de respaldo del impuesto al cheque.

Esos mismos bonos serán, ahora, reprogramados a plazos de hasta 42 años de plazo, a valor nominal en pesos y sin aquella garantía, lo que -según la presentación- significa una "pérdida del orden del 87 por ciento".

La presentación incluye, además, una medida cautelar de "no innovar", que impida -hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, la concreción de ese acuerdo fijado por decreto y publicado en la víspera en el Boletín Oficial.

La acción judicial estaba prevista para el viernes pasado, pero la demora del gobierno en publicarlo oficialmente postergó el trámite hasta este mediodía. Los reclamos de Artaza, Curuchet Bergenfeld se suman a los efectuados en los últimos días por diferentes políticos y economistas, como el del presidente de Recrear, Ricardo López Murphy, y el titular de la consultora Exante, Aldo Abram, quienes consideraron que el canje propuesto es "confiscatorio", ya que recorta sustancialmente los fondos constituidos con los aportes previsionales.

 

(Télam)


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