Presión para gobierno italiano por las escuchas

ROMA.- El gobierno italiano del primer ministro Romano Prodi se encuentra bajo presión a causa del reciente escándalo de escuchas ilegales, por el que la oposición exigió ayer un debate parlamentario y una comisión de investigación, informó la televisión estatal.

El Ejecutivo debe promover una ley, exige la oposición, para proteger la esfera privada del ciudadano.

El gobierno, por el contrario, anunció en principio un decreto para aclarar las cuestiones abiertas.

La Justicia italiana destapó una «red de espionaje» privada que desde hace unos diez años habría escuchado conversaciones telefónicas de industriales, políticos y periodistas, así como de deportistas y personas anónimas.

Entre los 20 detenidos se encuentra el antiguo jefe de seguridad de Telecom Italia, Giuliano Tavaroli, propietario de una agencia de detectives privada, y miembros de la policía. Políticos y medios se mostraron atónitos con la dimensión de las escuchas ilegales.

Entretanto, los principales sospechosos fueron interrogados ayer. «No tengo nada de lo que arrepentirme. No hice nada de lo que deba disculparme», dijo Tavaroli a «La Stampa» de ayer.

Lo más preocupante del caso son las estrechas relaciones de algunos implicados con los servicios secretos italianos. «El país iba a ser chantajeado», dijo el jefe de los Demócratas de Izquierda, Piero Fassino.

El ministro de Infraestructuras y antiguo fiscal anticorrupción, Antonio Di Pietro, opinó que todavía quedan muchas preguntas abiertas en las investigaciones: «¿Quién es el cerebro, quién da las órdenes en este asunto?»

El Ministerio de Justicia ya advirtió que examinará si, y en qué medida, están implicadas las autoridades judiciales en este caso. Por el contrario, el ministro de Interior, Giuliano Amato, dijo que sólo están involucrados miembros aislados de la policía.

El caso de las escuchas resulta aún más molesto para el gobierno porque Prodi tendrá que comparecer pronto ante el Parlamento en relación a Telecom, con problemas financieros. Se trata sobre la posible escisión de la empresa en una parte de telefonía móvil y otra fija, la primera de las cuales podría ser vendida. Prodi, que está en el poder desde mayo, dispone en el senado sólo de una exigua mayoría. (DPA)