Presión para que se investiguen supuestas coimas

BUENOS AIRES.- El vicepresidente Julio Cobos pidió ayer que se dé “nombre y apellido” a quienes denunciaron presuntos pagos de coimas y presiones para aprobar el Presupuesto en la Cámara de Diputados. Paralelamente dos abogados se presentaron ante la Justicia para que se investigue si hubo ofrecimientos concretos de parte del gobierno para que se apruebe el proyecto de Presupuesto 2011.

Por otra parte, el diputado nacional por Mendoza Enrique Thomas, aseguró ayer que los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; Planificación, Julio De Vido, y Agricultura, Julián Domínguez, llamaron a siete diputados del PJ Federal, para “sugerir” el apoyo al proyecto oficial de Presupuesto para 2011.

En ese sentido, Thomas dijo que “hubo 7 diputados del Peronismo Federal” que “recibieron al principio, sugerencias de diputados del oficialismo, de que meditaran su posición, de que podía irles mucho mejor si cambiaban su voto o si se levantaban al momento de la votación”.

“No estoy de acuerdo”, señaló Cobos sobre las denuncias realizadas por Elisa Carrió en torno a un presunto acuerdo entre el radicalismo y el gobierno para facilitar la aprobación del Presupuesto 2011.

Cobos se quejó por las denuncias al asegurar que “siempre he dicho que no se puede generalizar, entonces, cuando se hacen este tipo de denuncias lo mejor es aclararlo específicamente con nombre y apellido, porque sino toda la dirigencia política entra bajo sospecha y esto no es bueno”. “Estimo que un fiscal debería de actuar de oficio en el tema”, enfatizó.

En tanto, la justicia federal porteña recibió ayer dos pedidos de particulares para que inicie las investigaciones sobre supuestos ofrecimientos a legisladores de oposición para que permitan la sanción del Presupuesto del oficialismo, de acuerdo a denuncias efectuadas en la madrugada del jueves en el recinto de la Cámara Baja por las diputadas Carrió (CC), Cynthia Hotton (Valores para mi país) y Elsa Álvarez (UCR).

Las presentaciones fueron realizadas en forma independiente: una por el abogado Ricardo Monner Sans ante la jueza María Servini de Cubría y la otra por el también letrado León Chaia pero ante el magistrado Ariel Lijo.

Respecto a las denuncias, la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich ratificó que las sospechas sobre supuestas presiones apuntan al ministro de Planificación, Julio De Vido, y “secretarios de Estado”.

Por su parte, la diputada radical Silvia Storni, una de las que se ausentó del debate, se defendió de las sospechas deslizadas entre otros por Carrió, argumentó que se fue del recinto por problemas de salud.

En tanto la radical tucumana Nora Castaldo, en tanto, metió presión al declarar que también hubo presiones de intendentes y de gobernadores para que opositores se retiren del recinto y dijo los diputados de la UCR de Catamarca, Pedro Molas y Mariana Veaute, “son un caso claro de retiro, y al parecer fue por presiones que recibió (el gobernador Eduardo) Brizuela del Moral”.

Las macristas Laura Alonso y Silvia Majdalani (dos de las seis legisladoras del PRO que no estuvieron en el debate y que forman un grupo de cuatro enfrentados al jefe parlamentario Federico Pinedo) explicaron, por vías separadas, pero con similares argumentos que sus ausencias se debieron al hecho de no querer votar en sentido contrario al resto de su compañeros de bancada. (DyN/Redacción Central)

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El vicepresidente pidió precisiones y planteó la necesidad de que actúe un fiscal.