Presiones y debate por los retirados del decreto 7

Importantes diferencias en torno de las cifras que debería pagar el Estado.

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VIEDMA (AV)- La posibilidad de un entendimiento global entre el gobierno provincial y los retirados del decreto 7 se complica por diferentes razones. La Comisión de los retirados remarca que la propuesta económica de los funcionarios está lejos de sus expectativas, mientras que el oficialismo advierte que su oferta no alcanzará y todo se dificulta más por los cuestionamientos ajenos por las concesiones del Estado en favor de esos retirados. Hoy, a las 10, en la mutual de la UOCRA, los retirados se reunirán para evaluar el ofrecimiento gubernamental en el STJ. El lunes se concretará otra audiencia de partes. El distanciamiento se advierte porque no se dieron contactos informales después de la propuesta del gobierno, consistente en un “beneficio extraordinario” que puede hasta duplicar el monto del descuento salarial efectuado a esos pasivos cuando estaban en actividad. El monto total sumaría de 18 a 20 millones. La Comisión de Retirados insiste con un resarcimiento superior a los 42 millones. Ayer, fuentes oficiales admitían que existen pocas posibilidades de un acuerdo por las diferencias y por las críticas políticas que aparecen por la derivación de esos fondos en favor de los retirados. Igual resistencia aparece en la Comisión de los retirados, que lidera Jorge Mosquera. Se entiende que la oferta del gobierno conforma una diferencia del 222% en referencia a su pretensión. Un estudio comparativo establece que un cargo testigo (categoría 14) debería percibir unos 48.000 pesos en 24 cuotas cuando el plan gubernamental se acerca a 16.000 pesos. En total, el reclamo de la Comisión llega a los 42.469.718 pesos cuando, según su análisis, el resarcimiento oficial estará en los 16.184.520,27 pesos. Este trabajo se concretó tomando como base los ingresos de ese cargo a valores de 2003, con una proyección a 2013. Para los retirados debiera representar la restitución de podas salariales de un 336%, en cambio para el gobierno se remite a un 114% entre ambas puntas del calendario, indicaron los retirados. La mencionada proyección es sobre un importe real mensual a septiembre de 1997. En las negociaciones surgió, de parte del gobierno, una oferta tomando como base de cálculo un índice máximo de 2. En consecuencia, la cifra a devolver para los más antiguos será de una determinada cifra dividida por dos (alcanza a 24 retirados) y después se calcula sobre coeficientes decrecientes a partir de la fecha de retiro. El estudio agrega que un relevamiento determinó la participación en ese encuadramiento de 1067, que oportunamente fueron traspasados a la Anses. De ellos, 296 tienen domicilio en General Roca y Cipolletti, 117 en las zonas aledañas al Alto Valle, 105 en la Zona Andina, 112 en la Zona Atlántica, 70 en el Valle Medio y 367 entre Viedma y Patagones.


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