Presos de La Tablada, sin médicos

El jefe de diputados de la Alianza, Darío Alessandro, reconoció ayer que el gobierno nacional podría dictar un decreto para la revisión judicial de las condenas por el ataque al cuartel militar de La Tablada.

Por su parte doce militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que purgan penas por el ataque al regimiento desistieron de la atención médica y pidieron ser transferidos nuevamente a las cárceles donde cumplen las condenas para proseguir allí la huelga de hambre que realizan desde hace 90 días en demanda de su liberación.

Un particular, en tanto, presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el «derecho a la vida» de los presos, actualmente internados en los hospitales Santojanni y Fernández de esta capital a causa del deterioro psicofísico generado por el prolongado ayuno.

Asimismo, a los tribunales federales de Morón, provincia de Buenos Aires, ingresó ayer un escrito mediante el cual el presidente de la Fundación Argentino Americana por los Derechos Humanos, Omar Adra, pidió un nuevo juicio por el caso La Tablada en virtud de la evidencia relevante que dijo tener en su poder.

Adra aseguró poseer una serie de pruebas que, a su criterio, acreditarían que militares cubanos participaron del ataque al cuartel. El denunciante, incluso, pidió la captura de un supuesto oficial de las «Fuerzas Especiales del Ejército de Cuba, nombrado por Fidel Castro».

Fuentes judiciales confirmaron a que la presentación de Adra fue recibida en el juzgado federal penal 3 de Morón a cargo del juez Alberto Criscuolo.

El copamiento del regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada se produjo el 23 de enero de 1989 y el 5 de octubre de aquel año hubo sentencia y condena (firmes desde entonces) para una veintena de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que comandaba el jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.

Gorriarán, que según Adra fue «entrenado en Cuba bajo las órdenes del militar cubano denunciado», logró escapar y se mantuvo prófugo hasta 1994, cuando fue capturado en México.

Actualmente, Gorriarán, su esposa Ana Sívori y otros diez militantes del MTP que purgan condena por el ataque al cuartel se encuentran hospitalizados a causa de la huelga de hambre que iniciaron en setiembre último.

Ayer el diputado Alessandro admitió que el gobierno podría ordenar por decreto la revisión de las condenas por el caso, que fueron dictadas bajo la Ley de Defensa de la Democracia, que es de instancia única.

Empero, el legislador dijo que prefiere que el asunto sea resuelto mediante una ley del Congreso.

«Nosotros queremos votarlo y esperamos hacerlo este jueves. El tema ha sido incluido por el gobierno en las sesiones extraordinarias. Pero si no, entiendo que hay motivos que posibiliten esto», sostuvo en alusión al decreto.

Por su parte el abogado Roberto José Boico interpuso un habeas corpus «por la vida» de los presos y denunció que «no existe voluntad política en el titular del Poder Ejecutivo Nacional (el presidente Fernando De la Rúa) para poner fin al entuerto que convoca este serio conflicto con los detenidos», pese a que «cuenta con los mecanismos constitucionales para hacerlo».