Procesan a 10 dirigentes de FUBA por secuestro coactivo

Diez dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), entre ellos presidentes actuales y retirados, fueron procesaron hoy por el delito de «secuestro coactivo agravado» por una protesta en el Rectorado de la UBA debido al cierre de la sede Merlo del Ciclo Básico Común (CBC).

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid procesó por ese delito, que contempla penas de más de diez años de prisión, a Agustín Vanella, María Damasseno, Cristian Henkel, Juan Pablo Rodríguez, Leonardo Emanuel Perna, María Laura Casal, Mariela Solesio, Néstor Raia, Santiago Gima y David Fridman.

Gima, ex presidente de la FUBA, opinó en declaraciones a DyN que la causa «fue montada, es un mamarracho y una persecución política a la Federación», ya que «se acusaron a tres presidentes, dos ex dirigentes, consejeros superiores y titulares de centros de estudiantes, principalmente de Ciencias Veterinarias, que se opusieron a la reforma de la carrera», dijo.

La resolución, firmada el pasado 7 de noviembre, achaca a los dirigentes de la FUBA los episodios ocurridos el 28 de mayo en la sede del Rectorado de la UBA, durante una reunión del Consejo Superior, donde «se trataba la reapertura de la sede del CBC de Merlo, cerrado por decisión del intendente Raúl Othacehé a principios de año», especificó en un comunicado el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHu).

«La sesión se vio interrumpida ante la negativa de las autoridades universitarias de hacer frente al reclamo de los estudiantes», sostiene CADHu, que acusa al juez de actuar «con una línea política clara: judicializar la protesta social, buscar un castigo ejemplar para los cientos de estudiantes que reclaman por condiciones dignas de cursada y mayor presupuesto educativo».

Para el juez, los alumnos «ingresaron al edificio del Rectorado forzando y rompiendo la puerta de ingreso» y los consejeros fueron mantenidos «contra su voluntad». Los diez procesados «son los únicos involucrados que por el momento han sido debidamente individualizados e identificados», indica el fallo.

El procesamiento incluye embargos para todos los imputados por 10.000 pesos y la «prohibición de salir del país». El CADHu anunció que apelará la medida para que sea la Cámara Federal la que, en definitiva, se pronuncie sobre la cuestión.

Fuente: DyN