Procesan a Macri por contrabando agravado

Buenos Aires – El empresario Francisco Macri fue procesado ayer en una causa en la que se investiga el delito de contrabando agravado de autopartes, además de trabársele un embargo de bienes por casi cinco millones de pesos.

No obstante, no se le dictó prisión preventiva.

La medida contra el presidente de Sevel fue dictado por el juez en lo penal económico, Guillermo Tiscornia, quien en la misma resolución dispuso «falta de mérito» para procesar a Mauricio Macri y el ex titular de a Unión Industrial Argentina (UIA) Jorge Blanco Villegas, en la causa en la que se investiga el presunto contrabando de autopartes desde Uruguay.

La información fue confirmada por fuentes de la fiscalía a cargo de María Gabriela Ruiz Morales, las que aseguraron que apelarán la decisión del juez y pedirán que se procese a Francisco Macri y por el delito de asociación ilícita en grado de jefe, un delito no excarcelable.

Tiscornia investiga la supuesta simulación de exportaciones por parte de Sevel Argentina de kits de automóviles desarmados al Uruguay con el consiguiente pago de reintegros, según lo establece la Ley 21.932 y el decreto 101/91.

Con esta presunta maniobra, Sevel se beneficiaba con la posibilidad de importar automóviles con un arancel preferencial, con una tasa de sólo el 2%, compensado con el valor de lo exportado en vehículos, es decir, cobraba reintegros por exportaciones y beneficios sobre importaciones.

Fuentes de la Fiscalía adelantaron a Infosic que se apelará el procesamiento sin prisión preventiva y se solicitará al juez que investigue a todos los acusados por asociación ilícita.

Esta causa es un desprendimiento de una investigación judicial que se inició en Córdoba, luego pasó a Rosario y de la cual una parte derivó en la Capital Federal, en el juzgado de Tiscornia.

Las empresas involucradas en las maniobras fueron Sevel Argentina, Sevel Uruguay y la compañía uruguaya Drago Sociedad Anónima, con los automóviles modelo Fiat Duna y Fiat Uno.

Mauricio Macri, hijo del empresario procesado, y Blanco Villegas fueron beneficiados con la falta de mérito, ya que el juez consideró que no existieron razones para sobreseerlos ni procesarlos en la causa.

Sin embargo, una fuente de la Fiscalía adelantó que apelará la medida con la idea de acusar a todos los imputados de conformar una asociación ilícita, lo que agravaría la acusación que pesa sobre los empresarios.

Tiscornia tiene previsto tomarle declaración indagatoria el próximo miércoles a Paolo Rucci y el jueves a Sergio Provera, ambos vinculados con las operaciones de importación y exportación de automóviles entre Sevel Argentina y su sucursal de Uruguay. (Infosic).

Una causa complicada

BUENOS AIRES.- El proceso que lleva adelante el juez Tiscornia, es «un desprendimiento menor» de una causa iniciada en Córdoba, que tuvo derivación en la ciudad de Rosario.

La denuncia comenzó a partir de las negociaciones de la ex empresa Ciadea, con sede en Córdoba, a partir de la cual se conformó la firma Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica (Sevel), que exportaba autopartes a Uruguay.

La salida de mercaderías a ese país, tenían como destino final la empresa Drago S.A., que con dichos elementos armaba automóviles que luego reingresaban a Argentina, con preferencia de los modelos Fiat Uno y Duna.

De acuerdo con lo investigado por la fiscalía los automóviles desarmados enviados a Uruguay fueron denunciados por Sevel Argentina como «exportaciones definitivas», pese a que luego importó esos mismos rodados con un arancel preferencial, de acuerdo con el sistema de compensaciones vigente.

La fiscal sostuvo que tales «exportaciones definitivas» jamás existieron y que, por lo tanto, se perjudicó doblemente al Estado.