Procesan por enriquecimiento a ex jefe del Central Pedro Pou

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BUENOS AIRES.- Pedro Pou, presidente del Banco Central (BCRA) durante los gobiernos de Carlos Menem y de la Alianza, fue procesado por la presunta comisión del delito de “enriquecimiento ilícito” y sus bienes fueron embargados por cuatro millones de pesos. La medida fue dispuesta por el juez Norberto Oyarbide, en el marco de una vieja causa iniciada como derivación de la quiebra del ex banco Basel, a finales de los ‘90. El procesamiento fue impulsado por la Oficina Anticorrupción y se demoró casi tres años a raíz de complejos peritajes sobre los bienes patrimoniales de Pou y sus posibilidades de justificarlos. Según la medida, reconocida públicamente por Pou mediante una carta de lectores a un matutino porteño, el ex titular del Banco Central no pudo justificar, pese a la profusa prueba que presentó, el incremento patrimonial que experimentó durante su gestión en la administración estatal. Pou había justificado su patrimonio en una transferencia de dinero que le había realizado su ex esposa tras la venta de una bodega familiar, pero el juez Oyarbide no le creyó y dictó su procesamiento por enriquecimiento ilícito, un delito para el que se contempla una pena máxima de seis años pero es excarcelable por el mínimo de la condena. La defensa de Pou, que presidió el Banco Central desde el 5 de agosto de 1996 hasta el 25 de abril de 2001, apelará la medida. Pou ya estuvo procesado por las irregularidades detectadas en las quiebras de los bancos Feigin y Medefin, en los años ‘90, cuando él ocupaba funciones en el BCRA. Este expediente es consecuencia del cierre del ex banco Basel, una entidad que recibió del BCRA un préstamo de dos millones de dólares un día antes de su suspensión. Esta investigación sobre el patrimonio de Pou se reactivó en 2007 en el marco del juicio de divorcio entre el ex funcionario y su esposa: ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial de liquidación de su sociedad conyugal, hasta que la mujer planteó que su ex marido le habría ocultado créditos por sus trabajos como economista. Según esa hipótesis, Pou habría ocultado en sus declaraciones juradas que era acreedor del ex Grupo Greco en sumas millonarias, y esa situación recién se habría revelado cuando el ex funcionario habría hecho gestiones para recuperar ese dinero a los afectados por la apropiación de esa empresa durante la última dictadura militar. Los herederos de los Greco reclamaron el pago de 600 millones de pesos, en concepto de la indemnización concedida (y nunca concretada) durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, por el desapoderamiento de esa bodega en los ‘80 por la dictadura.

El juez consideró que Pou no pudo justificar su incremento patrimonial.