Procesaron a Claudia Bello por “administración fraudulenta”

La ex secretaria de la Función Pública de Menem fue procesada con embargo millonario en la causa Efecto 2000

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La ex secretaria de la Función Pública del gobierno del detenido Carlos Menem, Claudia Bello, fue procesada ayer por presuntas irregularidades en la contratación de una firma publicitaria para la campaña del Efecto 2000 en las computadoras, según informaron fuentes judiciales.

El procesamiento dictado contra otro funcionario de la era menemista, por la figura de “administración fraudulenta”, fue dictado por la jueza María Servini de Cubría en una causa en la que se investiga a Bello por un fraude de alrededor de dos millones de pesos al Estado.

En la misma resolución, la jueza ordenó trabar embargo sobre los bienes de la ex funcionaria hasta cubrir la suma de cuatro millones de pesos.

Bello fue procesada en la causa en la que está acusada de haberse beneficiado personalmente con parte del dinero que el Estado asignó a la “Campaña del Efecto 2000” y de haber perjudicado los intereses confiados en el manejo de los fondos asignados, mediante la “abusiva disposición de los bienes del Estado y con la finalidad de procurar un lucro indebido para sí y para terceros”.

En la causa, iniciada a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción, se investiga si se pagaron sobreprecios a raíz de la contratación directa de la firma Lautrec Publicidades por la suma de 6,9 millones de pesos, cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había estimado la operación en 2 millones menos.

Cuando fue indagada el 7 de mayo pasado, la ex funcionaria dijo que la investigación estaba “armada para perjudicarme”. En diálogo con los periodistas, Bello dijo en aquella oportunidad que efectuó la contratación directa porque “estaba habilitada para ello” y porque la Jefatura de Gabinete, a cargo entonces de Jorge Rodríguez, recién le envió el dinero el 7 de octubre de 1999, “cuando estábamos trabajando sobre las eventuales consecuencias del efecto Y2K desde 1997”. “Me cansé de pedir ese dinero”, recalcó la ex funcionaria, luego de aclarar: “Cumplí con todos los pasos legales” para la contratación.

También se quejó porque el fiscal Carlos Stornelli no accedió a una pericia contable solicitada por ella y que en cambio se apresuró a emitir un dictamen en el que aconseja su procesamiento. De acuerdo a la resolución del fiscal Stornelli, Bello y tres de sus colaboradores “obviaron los mecanismo legales requeridos” para la contratación de la firma publicitaria y la empresa de correos privados High Com. Lautrec Publicidad “fue la que cotizó el precio más barato” y el precio testigo de la SIGEN “no me fue informado, y me tuve que enterar por los medios de prensa”, fue la justificación de Bello. (Infosic)

Alsogaray declaró ante Urso

María Julia Alsogaray, una de las funcionarias “favoritas” del ex presidente Carlos Menem, declaró ayer más de cinco horas en una causa judicial por un supuesto fraude contra el Estado cometido durante la privatización de la empresa telefónica (Ex-Entel).

Alsogaray fue interrogada por el juez federal Jorge Urso y, luego de la larga audiencia, se retiró de los tribunales sin hablar con los periodistas. La ex funcionaria no corría riesgo de quedar detenida en esta causa, debido a que los cargos que se le imputan -administración fraudulenta y malversación de caudales públicos- son castigados con penas excarcelables.

El fiscal que actúa en este expediente, Carlos Cearras, también le había achacado el cargo de “jefa” de una asociación ilícita para perjudicar al Estado, pero el juez Urso no tuvo en cuenta esta acusación.

De acuerdo con las sospechas de las autoridades judiciales, Alsogaray permitió, en su condición de liquidadora de Entel, que se hicieran pagos a favor de compañías proveedoras que no están debidamente justificados en el expediente.

Pese a lo extenso del trámite, los voceros precisaron que la ex funcionaria “respondió con precisión todas las preguntas que se le formularon” y aclaró “con argumentos sólidos” cada interrogatorio del magistrado y del fiscal Pablo Recchini. (DyN)


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