Procesaron a funcionario de Regina

VILLA REGINA (AVR).- Miguel Quijano, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno del municipio local, fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a partir de una denuncia que presentó hace un año el concejal de la Concertación, Víctor Frullani. La causa, que se tramita en el Juzgado de Instrucción Penal 20, es porque en la denuncia de Frullani consideró que se perjudicó al erario municipal a partir de una norma en la que se estableció el prorrateo entre frentistas de tres calles de esta ciudad, del 50% del presupuesto oficial por el cual se licitó la obra, que se financió con un aporte no reintegrable de Nación. El cuestionamiento obedeció a que en la norma se tomó el monto del presupuesto oficial por el cual se licitó la obra en el 2008, por $ 3.656.520, aunque finalmente la adjudicación se realizó por un monto de $ 4.861.041. El juez Fabio Igoldi, quien analizó la causa consideró que en la tramitación de la licitación hubo incumplimiento sobre normas que las regulan por parte de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Luis Albrieu y el fiscal Municipal, Juan Carlos Giménez, sobre quienes pidió el juicio político y desafuero, pero que fue negado por el Concejo Deliberante reginense. En el fallo el juez, dictó el procesamiento de Quijano “en calidad de partícipe necesario, calificando su conducta como incumplimiento de los deberes de funcionarios público, manteniendo el beneficio de la libertad provisoria”. De acuerdo a la evaluación que realizó el juez en función de la documentación que se secuestró al municipio en un allanamiento realizado el año pasado, hubo por parte del intendente municipal, Luis Albrieu, incumplimiento al “adjudicarse la licitación a la única empresa oferente por un monto mayor al presupuesto oficial, con una diferencia a favor de la adjudicataria de 1.203.521 pesos, violándose de este modo por parte del funcionario la ley de Obras Públicas provincial, su reglamentación, la ordenanza de contrataciones municipal 67/68, como así las especificaciones particulares contenidas en el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación pública, siendo que de este modo se dictó una disposición contraria a las leyes cumplimiento le incumbía no habiendo lo que la ley manda en razón de su cargo”. Indicó que en consecuencia el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio reginense “refrendó con su firma la del intendente municipal en el dictado de la disposición 4595, resultando de este modo partícipe necesario en el dictado del acto administrativo contrario a las leyes efectuado por el intendente municipal”.


VILLA REGINA (AVR).- Miguel Quijano, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno del municipio local, fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a partir de una denuncia que presentó hace un año el concejal de la Concertación, Víctor Frullani. La causa, que se tramita en el Juzgado de Instrucción Penal 20, es porque en la denuncia de Frullani consideró que se perjudicó al erario municipal a partir de una norma en la que se estableció el prorrateo entre frentistas de tres calles de esta ciudad, del 50% del presupuesto oficial por el cual se licitó la obra, que se financió con un aporte no reintegrable de Nación. El cuestionamiento obedeció a que en la norma se tomó el monto del presupuesto oficial por el cual se licitó la obra en el 2008, por $ 3.656.520, aunque finalmente la adjudicación se realizó por un monto de $ 4.861.041. El juez Fabio Igoldi, quien analizó la causa consideró que en la tramitación de la licitación hubo incumplimiento sobre normas que las regulan por parte de los funcionarios municipales, entre ellos el intendente Luis Albrieu y el fiscal Municipal, Juan Carlos Giménez, sobre quienes pidió el juicio político y desafuero, pero que fue negado por el Concejo Deliberante reginense. En el fallo el juez, dictó el procesamiento de Quijano “en calidad de partícipe necesario, calificando su conducta como incumplimiento de los deberes de funcionarios público, manteniendo el beneficio de la libertad provisoria”. De acuerdo a la evaluación que realizó el juez en función de la documentación que se secuestró al municipio en un allanamiento realizado el año pasado, hubo por parte del intendente municipal, Luis Albrieu, incumplimiento al “adjudicarse la licitación a la única empresa oferente por un monto mayor al presupuesto oficial, con una diferencia a favor de la adjudicataria de 1.203.521 pesos, violándose de este modo por parte del funcionario la ley de Obras Públicas provincial, su reglamentación, la ordenanza de contrataciones municipal 67/68, como así las especificaciones particulares contenidas en el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación pública, siendo que de este modo se dictó una disposición contraria a las leyes cumplimiento le incumbía no habiendo lo que la ley manda en razón de su cargo”. Indicó que en consecuencia el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio reginense “refrendó con su firma la del intendente municipal en el dictado de la disposición 4595, resultando de este modo partícipe necesario en el dictado del acto administrativo contrario a las leyes efectuado por el intendente municipal”.

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