Procesaron por supuesto fraude a Erman González

BUENOS AIRES (DyN).- La justicia procesó ayer al ex ministro de Defensa del menemismo, Erman González, por los presuntos delitos de “defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica” en la privatización de los talleres navales Tandanor, y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos.

Al enterarse de la decisión, desde La Rioja, González advirtió que “se pretende tapar fracasos políticos con persecuciones judiciales” y aseguró que si hoy “tuviera que tomar la misma decisión, obraría en idéntico sentido”.

Según se informó en los tribunales, el juez federal Jorge Ballestero entendió que la venta de Tandanor significó “una gran defraudación” en perjuicio del Estado, del orden de los 50 millones de pesos.

Las fuentes indicaron que el juez determinó que “la actuación de Erman González en la totalidad del proceso de privatización tuvo por objeto procurar un lucro indebido para el consorcio adquirente”.

Por eso, procesó sin prisión preventiva a Erman por “defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.

Pero al mismo tiempo dictó la falta de mérito para inculpar al ex funcionario por el delito de “asociación ilícita”, informaron las fuentes judiciales. En la causa también está imputado otro ex ministro de Defensa de la administración de Carlos Menem, Oscar Camilión, quien -según las fuentes tribunalicias- sería indagado a mediados de febrero.

Erman González aseguró en un comunicado enviado a los medios desde La Rioja que “cuando la justicia se usa como herramienta política, los bienes más preciados de los ciudadanos, que son su honorabilidad, su prestigio y su condición de hombre digno, pasan a ser el precio vil de quienes no tiene otro mérito que la venalidad y el servicio a intereses bastardos”. El ex ministro se quejó de que los medios de comunicación se hayan enterado del procesamiento “antes que el afectado” y afirmó que con eso se busca “producir un hecho político y no un acto jurídico como el que debe emanar de la Justicia”.

La causa se inició en agosto de 1999, luego de una denuncia impulsada por el ex ministro de Defensa Jorge Domínguez, que aludió a la venta supuestamente irregular de la llamada “planta uno” que Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte) tenía en la Costanera.