Procuradora afirma que deben ser públicos datos sobre MIG

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Para Piccinini no estaban cumplidos los requisitos del amparo pero sí de la legitimación.

VIEDMA.- La procuradora general de la provincia, Liliana Piccinini, dictaminó que la información relativa al pago de los MIG en el Poder Judicial debe ser suministrada sin restricciones, por entender que se trata de “información pública” y que el interés por acceder a la misma “se encuentra en cabeza de todo ciudadano rionegrino merecedor de datos públicos”. Sin embargo, aunque le reconoció la legitimación procesal para impulsar la acción, propuso al Superior Tribunal de Justicia que rechace el amparo presentado por la periodista María Paula Díaz por considerar que no están cumplidos los requisitos de procedencia. Según valoró, aún no está acreditado “que la información requerida le haya sido denegada”, puesto que sigue en trámite un expediente ante la Administración General del Poder Judicial iniciado por la misma amparista. “La negativa o rehusamiento (a otorgar la información) insoslayablemente debe demostrarse para tener por afectado su derecho”, indicó Piccinini. Ahora el planteo deberá ser analizado por el STJ. La periodista interpuso el amparo ante el juez Sergio Barotto, “peticionando que el Poder Judicial de Río Negro suministre la información solicitada verbal y formalmente ante el área de Comunicación de este Poder, y al Administrador General, contador Horacio Mión, y que al presente no ha sido facilitada en relación a la distribución de los MIG a empleados y magistrados de la provincia”. Ante Mión, Díaz también pidió “la nómina de personal y cargo de quienes son beneficiarios de MIG en el período 2010/ 2011, y la normativa legal en la que se fundamenta”, sin obtener respuesta hasta la fecha. “El objeto de la presentación está vinculado al derecho a la información, y dicha información la solicita una ciudadana que es titular y goza del derecho de acceder a la información pública. Ésa es la nota legitimante a tener en cuenta”, sostuvo sin embargo Piccinini. Invocando los artículos 4 y 26 de la Constitución Provincial y la ley de Acceso a la Información Pública, en 2006, este diario pidió la misma información al STJ, obteniendo una respuesta incompleta y elusiva de los entonces jueces del STJ Luis Lutz, Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas.