Productores deben $ 50 millones a los consorcios

Las entidades enfrentan un horizonte de quebranto. Los chacareros que los operan piden voluntad de pago.

CRISIS EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE

Los chacareros pueden abonar más o menos el terreno, reducir las tareas de raleo y poda, e incluso regatear los insumos para achicar gastos en un año complicado. Lo que no pueden es dejar de regar. Sin el agua que corre a través de cientos de kilómetros de canales sería imposible producir frutas en al Alto Valle. Aunque es lo principal para cultivar y para defender las plantaciones de las heladas, en los últimos años la mayoría de fruticultores dejó de pagar el canon a los consorcios que se encargan del mantenimiento del sistema de riego y drenaje y que están al borde de la quiebra. En total, los productores adeudan a los siete consorcios de la región unos 50 millones de pesos.

La situación para las entidades de riego es cada vez más preocupante y la falta de cumplimiento en el pago del canon ha llevado a quienes los administran, que también son productores, a pensar en entregarle la concesión del sistema de canales y desagües al Departamento Provincial de Aguas (DPA). Cinco de los siete consorcios presentan serios problemas para enfrentar los gastos de funcionamiento y están muy complicados porque el nivel de cobrabilidad promedio del canon no supera el 35%.

El consorcio de Cervantes está en estado crítico. Tiene una deuda con AFIP de casi 3 millones de pesos por aportes atrasados. Según explicó el presidente de esta entidad, Fabián Montanaro, mensualmente la institución tiene entre 95.000 y 100.000 pesos de gastos en sueldos y aportes de los seis empleados, que se suman a otros 60.000 pesos de gastos operativos (combustibles, aceites, reparaciones de máquinas).

El consorcio de Allen y Fernández Oro posee trece empleados y entre sueldos y aportes debe afrontar un costo mensual de 230.000 pesos. En invierno, cuando se realiza la limpieza de las acequias, canales y desagües, las máquinas insumen entre 60.000 y 80.000 pesos en combustible. La entidad necesita con urgencia reparar una de las máquinas de su parque automotor pero el arreglo demanda 120.000 pesos, suma que hoy no está disponible.

En Cipolletti el consorcio tiene sus cuentas saneadas pero no escapa a la realidad de los demás. De las 2.000 boletas que se emiten bimestralmente (y que agrupan a unas 7.000 hectáreas) sólo se pagan en término un 10%. Este consorcio tiene un costo mensual de 300.000 pesos en sueldos, cargas sociales, combustible y mantenimiento del sistema. Según explicó el presidente del consorcio, Eduardo Artero, el saneamiento de las cuentas tiene que ver con dos factores: una buena administración y los ingresos extras que perciben por el alquiler de maquinarias y por el cobro del canon que deben pagar los desarrolladores inmobiliarios cuando una zona de chacras se lotea para uso urbano. El municipio colabora enviando al consorcio la información y no autorizando los loteos hasta que pagan el canon.

El consorcio de Villa Regina también tiene cuentas relativamente aliviadas. No tiene deudas de funcionamiento operativo, salariales, de aportes patronales ni impositivas y su flota de maquinarias le permite realizar todo tipo de trabajos en el sistema de riego. A su vez, la institución presta por contrato servicios a terceros. Este consorcio tiene 21 empleados permanentes y siete temporarios, y un gasto mensual en salarios y aportes patronales que supera los 390.000 pesos. El costo de funcionamiento operativo mensual oscila entre los 150.000 y 200.000 pesos.

En Roca el consorcio tiene una veintena de empleados que cobran sus salarios al día pero la institución acumula una deuda con proveedores estimada en 550 mil pesos. La gerenta del consorcio, Vanesa Funes, informó que entre los gastos mensuales figuran unos 390.000 pesos entre sueldos y aportes, 55.000 en proveedores (fletes y acarreos) y otros 40 en combustible. El presupuesto anual supera los 7,7 millones de pesos, y en lo que va del año han logrado una recaudación extra por la fuerte presión judicial que les están ejerciendo a los productores morosos.

El consorcio de Cinco Saltos posee cinco empleados en planta permanente y 120.000 pesos mensuales de gastos fijos, con una deuda saneada en la AFIP pero con compromisos impagos por casi 150.000 pesos en servicios a diferentes proveedores debido a que el consorcio no tiene máquinas propias para hacer la limpieza y debe alquilarlas.

En Huergo el consorcio adeuda tres meses de aportes patronales, lo que representa unos 180.000 pesos. El costo operativo -sin incluir salarios y aportes del personal- es de 296.297 pesos mensuales. En el inicio de la temporada de riego y en invierno contrata una empresa para la limpieza de un canal de riego ubicado sobre el sector de la costa, con un plan de trabajo de un mes en cada temporada. Se destinan 176.000 pesos en dos meses para limpiar 22 kilómetros de canal, a razón de 4.000 pesos por kilómetro. Esta institución tiene diez empleados y desembolsa entre salarios y aportes 150 pesos mensuales.

Llevar a los productores a la Justicia para que cancelen sus deudas por el canon de riego es una modalidad que no todos los consorcios eligen. Por ejemplo, en Villa Regina, el consorcio inició una demanda en el 2001 y el STJ dictó un fallo por el que autorizó a realizar el corte de servicio por falta de pago. La reducción del caudal en las compuertas es otro de los mecanismos para sancionar a los morosos pero en general nadie se queda sin regar su chacra. Cuando la situación los apremia, muchos productores se acercan a los consorcios y realizan planes de pago que -generalmente- se caen por incumplimiento luego de las dos o tres primeras cuotas.

Diego Von Sprecher con agencias Roca, Cipolletti, Regina y Cinco Saltos


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