Prohibido pintar paredes

jorge gadano jagadano@yahoo.com.ar

En nuestro Código Penal hay un capítulo, en números romanos el VII, titulado “Daños”. Tiene dos artículos que prevén penas de prisión para quien hiciere algún daño a cosas o animales que pertenecieren a otro, “siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”. En otras palabras es lo que dice el artículo 183, que prevé para el robo simple la pena de 15 días a un año. El artículo siguiente, dedicado al daño agravado, penaliza con tres meses a cuatro años. El inciso cinco se refiere al caso del que nos ocuparemos: castiga a quien cometiere el daño “en archivos, registros, bibliotecas, museos, o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o locales públicos”. No hay previsión alguna respecto de la clase o magnitud del daño, pero se supone que debe ser aquel que signifique para la víctima un perjuicio económico o sentimental. Un caso podría ser, tal vez, el de quien le quiebra una costilla al gato del vecino de una feroz patada porque con sus maullidos no lo deja dormir. Es ése, no obstante –y por más que gatos y perros son capaces de arruinarle el descanso a cualquiera, sobre todo si la víctima es un neurótico que requiere de un silencio total– un caso que pocas veces se da. El que se da mucho es el del supuesto daño causado por las pintadas y todo tipo de carteles puestos a la vista del público. Tanto unas como otros causan un daño, porque si el propietario de la pared quiere tenerla limpia e impoluta, sin siquiera el letrero que diga “prohibido fijar carteles”, debe pagar para tapar la pintada o sacar el cartel. El delito se comete con independencia de lo que el cartel o la pintada digan. Puede tratarse de textos en los que se lea “Sobisch asesino”, “Dios es amor” o, como uno incomprensible que tengo frente a mi oficina, “Guz-Peín”. La mano feminista sobresale en uno que luce en una pared del SIN: ni golpe fascista ni golpe machista. Y pueden verse algunos residuos de la última interna emepenista, tales como los que exaltan la figura de José Oser o el bigote de Sobisch. Como quiera que sea, no he conocido, en toda mi vida (que ya va siendo larga) un solo caso en que alguien haya sido llevado a juicio penal por una pintada. Hasta que, en Neuquén, la policía de Chos Malal –después, por cierto, de haberse puesto en marcha el Plan Integral de Seguridad– detectó, capturó y denunció ante la Justicia a unos vándalos agitadores que, ocultándose en las sombras de la noche, habían pintado unas leyendas que decían “Sobisch asesino” y “Juicio y castigo a los culpables”. En cumplimiento de su deber, los agentes del orden persiguieron y capturaron a los responsables de tamaña fechoría. El procedimiento se hizo ante la presunta comisión del delito de daño. Nada que ver, por lo tanto, con el mensaje de las pintadas que aludía al asesinato de Carlos Fuentealba. ¿Nada que ver? El fiscal Marcelo Jofré, en el escrito en el que pide la elevación a juicio de la causa, dice que varias personas, a las que sólo identifica por sus iniciales, “realizaron pintadas utilizando aerosol sintético de color negro, azul y rojo, en las paredes de varios edificios públicos provinciales y municipales con asiento en la localidad de Chos Malal” (la sola lectura del delito cometido hace que me invada el horror). Sucedió en la madrugada del 4 de agosto de 2007 y también se pintó en el asfalto y en casas de propiedad privada. La denuncia del crimen la hizo la comisaría 24ª mediante un oficio en el que presume que “las pintadas se realizaron porque a las once horas concurrirían a la localidad de Chos Malal autoridades municipales, provinciales y zonales por lo que –señala el fino olfato policial– el fin era realizarla un escrache a éstos”. Había más evidencias respecto del móvil del delito, porque las pintadas tuvieron “un tamaño considerable” y se hicieron “frente al palco oficial que ocuparían las autoridades”. Dos policías que hacían un patrullaje nocturno identificaron a los criminales. Dijeron que la mayoría eran docentes (seguramente, habrían hecho el curso de capacitación “cómo identificar a un docente”) que se cubrían el rostro con una bufanda y que cuando ellos los miraban les decían “libertad”. La presencia de las autoridades se debía a que ese día se celebraba el aniversario de la fundación de la ciudad. Pero el plan de escrache fracasó porque el gobernador Sobisch no fue. Sí estuvo, como invitado especial, Felipe Sapag. La nota dedicada al acto por este diario dijo que el intendente Carlos Lator fue aplaudido cuando mencionó el asesinato de Fuentealba y pidió justicia. A renglón seguido, el cronista recordó que Sobisch llevaba tres años ausente del acto, desde que en el último al que asistió un grupo de estudiantes le dio la espalda. El caso cobró actualidad este mes debido a que el Tribunal Superior de Justicia resolvió en septiembre pasado suspender sin goce de haberes a uno de los pintores, Mario Alonso. Un juez laboral, José Manuel Ruiz, ante quien se presentó Alonso con una acción de amparo, declaró nula “por arbitraria e ilegal” la decisión del TSJ que, no obstante, sigue vigente porque el fiscal de Estado Raúl Gaitán –quien debe su nombramiento a Sobisch– apeló. O sea que, sin sentencia ni prisión preventiva y con una presunción de inocencia a su favor, el pintor de la leyenda “Sobisch asesino” ya padece un severo castigo como es la suspensión del goce de haberes. El fiscal que acusa representa al Estado, del mismo modo que el fiscal de Estado. El TSJ es la cabeza de un poder del Estado, el Poder Judicial. Sólo ante ellos están Alonso y sus compañeros pintores. Si se me permite decirlo, el proceso es un modelo de hipocresía y discriminación. Lo primero, porque la acusación encierra el caso en el delito de daño en perjuicio del Estado cuando el móvil ha sido, en realidad, denunciar a Sobisch como responsable del asesinato de Fuentealba (tal como lo señala el informe policial). Y lo segundo porque, como cualquiera sabe, paredes públicas y privadas de toda la provincia están tapadas de pinturas y carteles de todo tipo sin que jamás la Justicia ni la policía hayan movido un dedo por llevar a juicio a los autores de tan monstruosos “crímenes”. Es que, como cualquiera puede verlo, el daño que se castiga no es al Estado sino a Sobisch. Todo ello sin contar el recorte de la libertad de expresión.

qué quiere que le diga