'Prohibimus' contra la concesión del Catedral

La Mesa Productiva y de Profesionales de Bariloche, junto a representantes políticos y sociales presentaron un prohibimus ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en el que piden se impida la ratificación legislativa del contrato firmado ya por el gobernador Miguel Saiz por entender que viola normas vigentes.

Entre otros, firmaron el prohibimus la Mesa Productiva y de Profesionales que nuclea a una veintena de entidades empresariales como la Cámara de Comercio, colegios de Ciencias Económicas, de Arquitectos, de Ingenieros, entre otros, organizaciones comerciales, del esquí, partidos políticos y concejales del MARA, del partido Justicialista y de Encuentro, entre otros.

El recurso solicita que se prohíba al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo firmar o aprobar contratos con Catedral Alta Patagonia SA, y más específicamente, el contrato adjudicando a esa empresa la Ladera Sur del Cerro Catedral y la readecuación de la Ladera Norte.

Los firmantes reclaman que se reconozca su legitimación para litigar en nombre de quienes representan, por ser el cerro Catedral un ícono de la ciudad y una parte muy representativa de su actividad económica. «Nunca en la historia de nuestra ciudad ha habido tantos esfuerzos colectivos de las organizaciones, tanta pasión en la defensa de lo propio, de un ícono barilochense que es el Cerro Catedral, hoy en peligro por estar en manos de un pequeño grupo empresario, pero con influencias políticas de gran volumen, y un gobierno atado por compromisos que parecen ser extralegales», señala el texto.

Invocan como antecedentes el reconocimiento que el STJ formuló en 'Municipalidad de General Roca s/ Mandamus', y en 'Agrupación de Hoteles y Hosterías de Bariloche s/ Mandamus', donde «pese a la férrea oposición de la Fiscalía y la Procuración, el STJ admitió la actuación enderezada a recuperar derechos de la comunidad y de los amparistas».

Interpretó que la situación del Cerro con CAPSA es «una verdadera hipoteca del futuro del Cerro Catedral, entregado por una licitación irresponsable en 1992, y en manos de una empresa que no ha realizado inversiones, que está en convocatoria de acreedores, y que no puede jurídicamente contratar con el estado rionegrino». Objetaron en particular que la Readecuación Contractual que firmó ya el gobernador Miguel Saiz implica «el monopolio total del Cerro Catedral. Todo por veinte años, y las tierras, valiosísimas, para la urbanización, por cuarenta o cincuenta años».

Señala que ese contrato contiene, «además del cuestionamiento de toda la comunidad, un impedimento legal insalvable: Alta Patagonia SA está en estado de convocatoria de acreedores y el Reglamento de Contrataciones impide al Estado Rionegrino contratar con empresas concursadas, en su art. 5 (Dto 404/66)».

Agrega que «pese a ello, el gobierno y CAPSA intentan eludir la norma, para lo que s han conseguido dictámenes de letrados encargados por Alta Patagonia, con conceptos tan forzados que es imposible creerlo y aplicarlo». Ese dictamen dice que la readecuación no es un nuevo contrato.

El planteo de los barilochenses añade que «la concesionaria, que incumplió todos los términos del contrato en materia de inversiones, presentó un proyecto de readecuacion contractual que, verdaderamente cebada por la permisividad ilimitada de las autoridades, incluía el apropiamiento de las tierras del cerro Catedral a punto tal que se disponía a la venta de las mismas, a un dólar el metro cuadrado».

Citaron el «dictamen demoledor» por el cual el ex fiscal de Estado, Sergio Ceci, aconsejó a Verani el rechazo de la propuesta, tras lo cual el anterior gobernador dictó el decreto 1493/03, que la rechazó por irrazonable, por no respetar en nada los términos de la licitación 1/92, y por ser inconveniente a los intereses y fines públicos comprometidos. El decreto intimó a CAPSA a que en 90 días se coloque en condiciones jurídicas de contratar con la Provincia, bajo apercibimiento de rescisión del contrato actual y dispuso condiciones para una renegociación. Ese plazo de 90 días vence el 6 de marzo, lo que explicaría el apuro de Saiz para aprobar previamente la readecuación.

«Pero increíblemente, el gobierno sigue con toda la actividad precontractual» -añade el prohibimus-. «Hablar con los funcionarios de Río Negro sobre estas cuestiones es perder el tiempo: Ellos dicen que van a derogar el reglamento de contrataciones, porque tienen mayorías automáticas en la Legislatura, y que harán aprobar el convenio en la Legislatura con su mayoría automática, y que revocarán lo impeditivo del decreto 1493/03. No les importa nada que el Decreto les impide formular precontratos, y seguir negociando la readecuación con la empresa imposibilitada de contratar, porque descuentan que una ley posterior les va a legitimar lo que hoy es ilegítimo. Con licencia de la exageración, es como si creyeran que el gobierno está autorizado a ir comprando cargamentos de marihuana para las escuelas porque por tener mayoría automática saben que se va a remover el impedimento de su venta y distribución».

Agrega el texto que «la clara ilegalidad, a la que el Gobierno está decidido, sólo puede tener freno en el último bastión de la legalidad que queda, que es el STJ». Por ello, piden una urgente medida de no innovar, que disponga la inmediata suspensión de toda la actividad contractual y precontractual con CAPSA, en el estado en que se halle, e informando al STJ el estado en que está. Se funda en que «hay dos normas vigentes que prohíben contratar con Catedral Alta Patagonia SA y el gobierno está contratando con ella, con un desprecio por la ley que mete miedo. Sabedores de ser dueños de la impunidad total».