Promoción de derechos

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Hace 20 años, paradójicamente en pleno menemismo, se sancionó la ley 24660 en la que se establece que las personas detenidas tienen derecho al trabajo, a la salud, a la educación en todos sus niveles, a la asistencia espiritual y a vincularse con sus familias y afectos.

Porque, más allá de los discursos que muchas veces se exaltan en los medios de comunicación, el único derecho que perdió la persona que está detenida es el de circular por determinados lugares. Es decir, le corresponden los mismos derechos fundamentales que a cualquier ciudadano.

En el mismo sentido, nuestra Constitución nacional en el artículo 18 sostiene que la cárcel no será para el castigo.

Lamentablemente, la realidad es distinta. Para graficarlo, recientemente el juez Juan Pablo Chirinos tuvo que prohibir el ingreso de internos al Penal Nº 2 de Fisque Menuco (Roca) debido a los problemas eléctricos, a las filtraciones y al mal funcionamiento del sistema de calefacción.

Asimismo, el IV Informe del Registro Nacional de Casos de Tortura, realizado a partir de un relevamiento de más de 50 instituciones de encierro, describe 6.843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, problemas de alimentación, agresiones físicas, amenazas, requisas personales vejatorias, para señalar sólo algunas de las situaciones descriptas.

Ahora bien, ¿por qué se da esta contracción tan profunda entre nuestras leyes y nuestra realidad? En parte porque existe un sector importante de la sociedad que desea que la persona detenida sufra violencia: “Que se pudran en la cárcel”, escuchamos en más de una oportunidad. Esa opinión aparece legitimada por ciertos sectores del periodismo demagógico que pide más detenciones en condiciones precarias como la forma de resolver los problemas.

Pero a la cárcel no llegan “los malos”, ni los que cometen delitos. Del mar de delitos de la sociedad sólo unos pocos son seleccionados por el sistema, los vinculados a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Por eso según los datos oficiales el 51 % son procesados, técnicamente inocentes. El 31% tiene primario incompleto y un 39% sólo terminó la primaria.

Como contrapunto de este discurso hegemónico es interesante destacar el trabajo de la Universidad de Buenos Aires en la cárcel de Devoto. Según un estudio de la Facultad de Derecho y la Procuración Penitenciaria de la Nación, la tasa de reincidencia de los presos que estudian una carrera en prisión es casi tres veces más baja que la de los que no estudian.

Como sostiene el magister en Criminología Mariano Gutiérrez, “La verdadera modificación de las cárceles vendrá cuando entendamos que la salud, la educación y el trabajo no sólo son derechos humanos sino procesos de creación de ciudadanía. Transformadores de subjetividad en cuanto que pueden desarrollarse como tales”.

Quizás deberíamos dejar de pensar desde la promoción de la violencia institucional para buscar la promoción de derechos.

*Licenciado en Comunicación Social UNLZ, docente de la Universidad Nacional del Comahue

Existe un sector importante de la sociedad que desea que la persona detenida sufra violencia: “Que se pudran en la cárcel”, escuchamos decir.