Promulgaron ley contra lavado de dinero

El Gobierno nacional promulgó hoy, mediante el decreto 825 publicado en el Boletín Oficial, el texto de la ley 26.683, que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal, y habilitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a actuar como querellante en este tipo de causas.

La ley fue sancionada el pasado 1º de junio por el Congreso de la Nación, sobre la base de un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Castiga el “autolavado”, facilita el decomiso de bienes de procedencia ilícita y, entre otras medidas, prevé sanciones a empresas que incurran en maniobras de reciclaje de fondos o financiación del terrorismo.

Por la norma se incorporó en el Código Penal un título específico referido a esta clase de criminalidad, el cual incluye hechos que dejaron de investigarse en los años 90 al derogarse la figura de subversión económica.

La ley redefinió el tipo penal “lavado de dinero” para establecer que consiste en convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, siempre que involucren una suma superior a 300 mil pesos, en un solo acto o por sumatoria de hechos reiterados.

Se creó además la categoría “Delitos contra el orden económico y financiero” y, dentro de ella se incorporó la figura de lavado de dinero, que perdió así vinculación con el delito de encubrimiento.

Las penas establecidas en el Código Penal son ahora de tres a diez años de prisión y multa de dos a diez veces del monto de la operación a quien incurra en el delito de lavado de dinero.

A la vez, se aumentó la sanción si el delito es cometido en grupo o con habitualidad, y si se trata de un funcionario en ejercicio del cargo, además de elevar la pena se prevé una inhabilitación.

Se castiga también, con penas de seis meses a tres años de cárcel a quien reciba el producto de un ilícito (dinero o bienes) para darle apariencia de legalidad.

Igualmente, se incluyeron sanciones a personas jurídicas (empresas), las cuales pueden ser multadas, suspendidas en sus actividades o impedidas de participar en concursos o licitaciones convocadas por el Estado, por la comisión del delito de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Argentina en el Grupo de Acción Financiera Internacional

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, viajó en a Ciudad de México para participar mañana, en representación de la Argentina, en un nuevo plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicó un comunicado del ministerio.

En la reunión del principal foro intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado de dinero, Alak encabeza la delegación argentina conformada por José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y el jefe de Gabinete del ministerio, Juan Martín Mena.

Tras la apertura del encuentro, a cargo del ministro de Finanzas de México, Ernesto Cordero, se analizarán los reportes de seguimiento a distintos países sobre la implementación de las recomendaciones de GAFI.

En la jornada se abordará la situación de la Argentina, que tiene en plena ejecución un Plan de Acción para adecuar sus políticas a los estándares internacionales en la materia, que fue evaluado recientemente de modo favorable por el Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica).

En el marco de ese programa, la UIF actualizó su normativa con más de 25 resoluciones, desde diciembre coordina el sistema nacional antilavado y ejerce la representación de la Argentina ante los organismos internacionales (decreto 1936/2010).

Entre los temas que se debatirán en la reunión se destacan las nuevas tipologías, las formas de evaluación e implementación de normas, los derechos y obligaciones de las naciones miembros de GAFI y la actualización de las recomendaciones con vistas a la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Télam.-