Proponen aumentar retenciones a jubilados estatales que vuelven a trabajar

VIEDMA (AV)- Los jubilados estatales reinsertados en la administración pública de Río Negro tienen una retención salarial para un Fondo para Desocupados, que actualmente alcanza al 33%, pero un proyecto legislativo propone su incremento al 50% de sus remuneraciones.

El registro de jubilados con doble percepción -incluyendo un pago como activo- rondan los 300 beneficiarios. El número se redujo debido a la posterior excepción de los docentes.

El legislador radical Adrián Torres propuso modificar la ley 3239, por la cual se creó el Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados, para asistir a quienes no tengan trabajo y quieran desarrollar proyectos productivos.

Recordó que ese Fondo permitió «llevar adelante diferentes actividades productivas, realizadas en forma individual, familiar o por pequeños grupos beneficiarios, accediendo a recursos económicos para la adquisición de herramientas y capacitación o costos de instalación de dichos emprendimientos».

El Fondo Solidario fue creado hace más de cinco años.

Pese al plazo transcurrido, Torres destacó que «los emprendimientos creados se encuentran casi siempre con las mismas dificultades que les impiden prosperar» porque «carecen de instrumentos técnicos financieros que los ayuden a una mejor planificación y gestión de sus negocios».

 

Nuevos porcentajes

Ahora, el diputado propone dejar sin efecto aquella legislación y establecer otra con nuevos porcentajes de retención.

Actualmente la quita máxima en los jubilados con doble percepción alcanzan al 33%, pero el proyecto propone una retención del 50% cuando ambos haberes brutos, excluyendo las asignaciones familiares, superen los 3.000 pesos.

Por su parte, se establece un 30% cuando sólo uno de los haberes brutos, excluyendo las asignaciones familiares, superen los 3.000 pesos. En los restantes casos, la retención llegará al 20%.

Asimismo, se exceptúan de los alcances del aporte obligatorio al Fondo Solidario de Asistencia a Desocupado a los agentes públicos que, «percibiendo algún beneficio previsional, se desempeñen como docentes al frente de un curso o grado, siempre y cuando la tarea docente sea la única que presten remunerada por el Estado provincial».