Proponen crear un registro y regularizar asentamientos

Un proyecto de ley busca regularizar la situación dominal de las tierras en las que se establecieron asentamientos irregulares, denominados tomas u ocupaciones ilegales.

La iniciativa fue elaborada por el legislador del Frente para la Victoria, Marcelo Mango, quien pretende crear una herramienta legal en la que se puedan articular acciones de distintos organismos y estamentos del Estado para darle licitud a las situaciones controversiales.

Para ello impulsa la creación de un Registro Provincial de Barrios y Viviendas Informales, cuyo objeto será dar cuenta de la ubicación de los inmuebles, su titularidad de dominio, la distribución de las viviendas e información sobre las familias.

Para ingresar al registro lo deberán solicitar los Municipio o las familias. Además, en caso de prosperar el proyecto, se creará el Consejo Provincial para la Regularización Dominial.

El Estado, a través de la autoridad de aplicación que fije la reglamentación, deberá efectivizar programas que permitan ordenar la posesión. Con ese fin se podría disponer la transferencia a las jurisdicciones locales o directamente adquirir los inmuebles donde se emplacen los barrios informales cuya ocupación haya tenido lugar antes de enero de este año y que hayan sido alcanzados por las leyes de expropiación con destino a sus actuales ocupantes o se hallen sujetos a controversias judiciales o extrajudiciales.

Se intenta así solucionar el problema de los pleitos por la tenencia de la tierra, en los cuales los municipios suelen tener la voluntad de resolverlos en favor de las familias, pagando un precio justo al dueño anterior, pero por sus elevados costos no pueden hacerlo.

La autoridad de aplicación, luego de un análisis de la situación concreta tendrá la opción de hacer una propuesta de compra y girar los recursos necesarios para expropiar, mensurar, y escriturar los lotes.

La intención de Mango es que el proyecto dote de más herramientas al Estado y a las familias para facilitar la regularización dominial.

También fija el derecho municipal de participación en la valorización inmobiliaria para recuperar para la comunidad una parte de los beneficios e incrementos de los inmuebles generados por obras públicas.

En números

“Lo más grave es que además el conflicto social está judicializado, lo cual agrega tensiones extraordinarias”, dice el proyecto de ley.