Proponen una nueva ley rionegrina para colectivos

Iniciativa de la defensora del pueblo



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La Defensoría detectó un alto nivel de quejas por la calidad del servicio.(Foto: Marcelo Ochoa )

VIEDMA (AV).- La creación de oficinas de atención al usuario con obligación de los funcionarios de responder en menos de 20 días a damnificados por baja calidad del servicio de autotransporte se destaca en cambios impulsados a la vetusta ley de Tranportes. El texto para discutir en la Legislatura fue presentado ayer por la Defensoría del Pueblo, tomando en cuenta las múltiples quejas de los pasajeros. Las correcciones contemplan que la subsecretaría deberá contar con un mecanismo de informatización para coordinar, agilizar y fiscalizar el cumplimiento del servicio por parte de los prestadores; y a su vez, armar un cuerpo de inspectores acorde a las necesidades de fiscalización. En la actualidad, ese organismo cuenta con apenas seis inspectores en toda la provincia. El nuevo marco legal deberá ajustarse a la ley provincial 2055 que cubre a personas que portan una discapacidad, es decir traslado gratuito sin más requerimiento que la presentación del correspondiente certificado de discapacidad. En caso de incumplimiento a las disposiciones contenidas en la iniciativa, la subsecretaría quedará facultada para aplicar las sanciones de apercibimiento, multa, suspensión o revocación del permiso o la concesión, inhabilitación temporal y definitiva, conforme al procedimiento administrativo vigente. La presentación se originó ante reclamos de usuarios, principalmente de pasajeros de la empresa Ko:Ko del Alto Valle, admitió la defensora Nadina Díaz ante “Río Negro”. Entre 2012 y 2014, los agentes de la Defensoría atendieron 29 reclamos, exclusivamente por baja calidad en ese servicio público. En este contexto, la defensora elaboró un proyecto para actualizar la ley 651 que fue aprobada en 1971, durante el gobierno de facto del general Roberto Requeijo, sin debate legislativo ni fundamentos basados en los derechos ciudadanos. Dentro del esquema que se pretende modificar, se obligará a los prestadores a transportar en forma gratuita a un empleado policial uniformado, inspectores y funcionarios de la autoridad de aplicación y menores de hasta tres años de edad.


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