Propuesta jurídica para un mundo justo y solidario
Por Silvia C. de Cartolano
A fines del año pasado se desarrolló en La Habana, Cuba, la XII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas y el XV Congreso de la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, organizaciones no gubernamentales cuya presidencia actualmente ejerce un representante de la Argentina.
Con la participación de delegados de 56 países, se inició el debate estructurado en cuatro comisiones cuyos temas fundamentales fueron: El derecho a la paz y seguridad internacional; Democratización de los organismos internacionales; El Estado y el derecho frente a la mundialización de la economía; Democracia y derechos humanos y por último Acceso a la administración de Justicia, Independencia de los jueces, Enseñanza del derecho y ejercicio profesional.
Se planteó como objetivo analizar el derecho a la paz y la seguridad internacional, destacándose que no puede ser ejercitado de manera plena y duradera si el sistema de relaciones internacionales imperante y las organizaciones internacionales que integran ese sistema no representan de manera legítima los intereses de la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad internacional. En relación con la democratización de los organismos internacionales, se consideró que las instituciones fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad, no tienen en su composición de miembros permanentes y no permanentes una verdadera representación de las naciones que hoy participan como estados miembros, ponderando y balanceando esta representatividad entre países desarrollados y los que se encuentran en desarrollo. Hay que otorgarle a la Asamblea General mayor reconocimiento y consideración sin que se le impongan decisiones y restablecer adecuadamente la competencia de todos sus órganos.
Se debe aspirar a un Nuevo Orden Mundial en el que el derecho a la paz sea el primer derecho del hombre, de la comunidad internacional y de los pueblos que la integran.
Tratamiento y manifestación especial se le dio al tema de la deuda externa, considerándola un obstáculo para el desarrollo de los pueblos y los derechos humanos. Se propuso plantear la posibilidad de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que contribuya a la reafirmación de determinados principios jurídicos y al reconocimiento de la aplicabilidad del derecho vigente al problema de la deuda externa, conducente a su necesaria juridificación. “En gran parte de los casos, las lesiones a los principios fundamentales del orden jurídico nacional e internacional se han puesto de manifiesto en las refinanciaciones y, en consecuencia, la mayor parte de la deuda sigue siendo ilegítima. Las amenazas de suspensión de créditos y provisión de elementos sustanciales para la producción industrial y hasta para la salud, por parte de los organismos financieros internacionales, forzaron la aceptación de las condiciones impuestas. En consecuencia, los contratos son nulos conforme lo establece el derecho internacional consuetudinario y toda la doctrina. Ello no excluye las responsabilidades en que hubieren incurrido los funcionarios que actuaron en representación de los países deudores, sea por falta de valor suficiente, por espíritu sumiso, confluencia de intereses o corrupción. La decisión de actuar conforme a derecho para enfrentar a los acreedores, recuperando la capacidad de decisión nacional en defensa de los intereses populares, es ética, jurídica y fundamentalmente política”.
En cuanto a la problemática de la seguridad social, se planteó la búsqueda de un orden jurídico que garantice su permanencia como una responsabilidad primaria del Estado y no de la empresa privada. La necesidad de evitar el tráfico ilegal de la mano de obra, estableciendo una legislación protectora tanto a nivel nacional como por la adopción de normas internacionales del trabajo.
Respecto de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones, se acordó que las más avanzadas no se encuentran accesibles para todos, propiciándose la ruptura de las asimetrías existentes entre países pobres y ricos.
En este aspecto se advirtió también el atraso de la legislación internacional, y en especial las nacionales, con respecto al impetuoso avance de los procesos en el dominio de las biotecnologías, la ingeniería celular y genética.
Sobre la administración de Justicia en América Latina, se concluyó que se encuentra sometida a una profunda crisis, y en este sentido el Proceso de Reforma penal iniciado hace ya cerca de una década se proyecta hoy como una necesidad imperiosa, que permita ir transformando el histórico sistema inquisitivo heredado de esa vieja cultura, que influye hasta hoy en los operadores del sistema penal, los cuales evidentemente se resisten al cambio.
Se remarca “que la Reforma es una necesidad no sólo jurídica, sino también histórico-social y cultural; la falta de confianza de los ciudadanos en los órganos de la administración de Justicia, la creciente corrupción judicial, la deficiente formación técnico-profesional de los jueces y las limitaciones reales y objetivas que dificultan el acceso a la Justicia son algunos de los problemas que es preciso acabar”.
“Ante todo, no se puede perder de vista que las reformas deben ser profundas pero realistas, que no es posible importar modelos, en cada lugar hay que tomar en cuenta no sólo las tradiciones jurídicas, sino también la cultura y la idiosincrasia de los pueblos”.
Dado lo interesante y polémico del tema, que no agotó su discusión en esta oportunidad, la comisión recomendó a la Asociación Americana de Juristas promover un evento internacional, donde se evalúen los logros y deficiencias del proceso de Reforma en América Latina.
“No es posible dejar de señalar, en este contexto, la necesaria protección a los jueces y magistrados para que se sientan seguros en sus funciones sin temor a las mismas y en este contexto se propone que la Asociación Internacional de Juristas Demócratas trabaje en la creación de una comisión adjunta al buró ejecutivo, presidida por el secretario general y nueve miembros, con la finalidad de establecer las reglas internacionales para la defensa de los derechos de los magistrados”.
Dentro del sistema penal y referido a la pena de muerte, el representante de Inglaterra, Dr. John Platts Mills, planteó la necesidad de universalizar su abolición. En cuanto a la pena privativa de libertad, se afirmó que “…debe quedar como como ‘última ratio’ e ir cediendo su paso a las penas alternativas, que significan una mayor humanización y lo más importante un compromiso de la comunidad en el cumplimiento de las mismas, para contribuir a la reinserción del sancionado en su medio”.
“Indisolublemente unidos al sistema de penas se encuentran los sistemas penitenciarios. La protección de los derechos humanos en los mismos es vital para su desarrollo, el respeto a los reclusos, a su dignidad, la utilización del trabajo para los fines de la reeducación, entre otros aspectos, son cuestiones definitivas en las que hay que trabajar, no es posible continuar permitiendo la situación de crisis penitenciaria actual en América Latina, donde los centros de esta naturaleza son concebidos como reservorios de hombres, fundamentalmente pobres, sin perspectivas de reeducación, al decir de un destacado jurista norteamericano: ‘En los países emergentes hay una política de criminalización de la desocupación’.”
La resocialización del individuo sólo puede darse en un sistema democrático, cuando se incluya el trabajo socialmente útil como método de formación social y se propuso que la Asociación Americana de Juristas y la Asociación Internacional de Juristas Demócratas velen por el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles.
Especial consideración mereció el tema de las etnias y en este aspecto se consideró fundamental el respeto al derecho indígena como derecho paralelo y con plena vigencia, el que debe ser establecido como una vía de solución de conflictos para estas comunidades. Se entendió que “un orden social justo debe condenar los proyectos del Banco Mundial sobre la gerenciación de la Justicia en la Argentina, lo que supone que la reforma penal debe ser llevada a cabo por el Estado”.
Finalmente se promovió la creación de la Corte Penal Internacional permanente como consecuencia del Estatuto de Roma de 1998.
A fines del año pasado se desarrolló en La Habana, Cuba, la XII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas y el XV Congreso de la Asociación Internacional de Juristas Democráticos, organizaciones no gubernamentales cuya presidencia actualmente ejerce un representante de la Argentina.
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