Propuestas para endurecer penas a niños en Latinoamérica preocupan a ONGs

El debate se ha instalado en Centroamérica, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, indicó en una conferencia de prensa Roland Angerer, director regional de la ONG Plan y vocero del Movimiento, que celebró esta semana su encuentro anual regional en Montevideo.

Integrado por organizaciones de la sociedad civil, agencias y organismos internacionales, entre los cuales Unicef y el Instituto Interamericano del Niño, el MMI indicó en una declaración que “hay una creciente tendencia de la opinión pública a reclamar el endurecimiento punitivo y ejemplar en vez de exigir medidas preventivas, educativas y sociales que aborden las verdaderas causas del problema”.

Añadió que los datos estadísticos “muestran en todos los casos que el número de delitos cometidos por menores de 18 años es siempre mucho menor comparado con los que cometen los adultos” y aseguró que las experiencias internacionales demuestran que “un aumento de penas y castigos solo contribuye a convertir infractores ocasionales en criminales endurecidos”.

“Observamos que a lo largo y ancho de la región se están contagiando medidas populistas represivas, de retroceso de los derechos humanos, y eso es una alarma”, dijo a la AFP Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

Para Ortiz, medidas como reducir la edad de la responsabilidad penal, aumentar las penas a los menores o mantener los antecedentes cuando el menor cumple 18 años buscan en realidad “excluirlos de la sociedad, es una invitación a que puedan seguir cometiendo delitos para sobrevivir”.

Destacó que se ha demostrado que casi el 80% de los adolescentes que cumplen su condena privados de libertad reinciden, mientras que el porcentaje es mucho menor cuando las medidas son “realmente socioeducativas”.

“Es muy difícil aprender a ser parte de una sociedad estando excluido, por lo que solo se recomienda la privación de libertad para casos gravísimos. Y lo que ocurre realmente que la privación de libertad no es la excepción sino una de las primeras medidas”, lamentó.

Estimó que uno de los problemas es que no se manejan datos claros: “no hay nada que lleve a hacernos pensar que hoy (los adolescentes) son más peligrosos”, observó, destacando que en los países en los que hay registros, los delitos graves cometidos por menores no llegan al 10% del total.

Para los integrantes del MMI, la prensa tiene mucho que ver con la percepción de que los delincuentes adolescentes son el gran problema de la sociedad.

“Se ve con bastante claridad que autoridades del Parlamento o del Ejecutivo, por temor a lo que dirán los medios, le dan mucho destaque a la inseguridad y a que los adolescentes están cada vez más violentos y son una amenaza para la sociedad, sin ningún dato concreto que justifique esa imagen”, observó Ortiz.

“Nadie está a favor de la impunidad, los adolescentes tienen que reconocer cuando cometen un delito y reparar ese delito, pero hablamos de que esa reparación sea constructiva”, concluyó Ortiz.

La declaración coincide con un debate en Uruguay sobre el endurecimiento de penas para los menores infractores y la posibilidad de que la Justicia penal de adultos disponga de los antecedentes de los menores una vez que éstos cumplan la mayoría de edad.

Además, el opositor Partido Colorado anunció que impulsará una recolección de firmas para promover una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años.