Pros y contras de una ley que no terminó con los abusos



En principio, la ley electoral promulgada hace un siglo, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, con el propósito no disimulado de apaciguar a los en aquel entonces bastante violentos radicales de Hipólito Yrigoyen, tiene sus méritos. Puso fin al sistema de lista completa, que excluía a las minorías y lo reemplazó por uno de lista incompleta que por lo menos reconocía a la primera minoría, dándole un tercio de los escaños y dos tercios a la mayoría, arreglo que siguió siendo muy arbitrario. A juzgar por la experiencia internacional en la materia, hubiera brindado resultados mucho más satisfactorios un sistema uninominal (usado una vez en 1904), en que los votantes de las distintas circunscripciones suelen conocer a los candidatos y por lo tanto están en condiciones de juzgarlos, algo que raramente es el caso cuando se trata de nombres anotados en una larga lista. Por lo demás, las listas, tanto las completas como las incompletas, aumentan el poder del jefe partidario en desmedro de aquel de los demás legisladores, que tienen que obedecerle porque de otro modo correrían el riesgo de no encontrar un lugar en la siguiente nómina de candidatos, exigencia que por razones evidentes reduce la calidad de las asambleas supuestamente representativas. También tendría consecuencias desafortunadas el sufragio obligatorio en un país en que abundaban los analfabetos; como aprendimos en demasiadas ocasiones, estimula la demagogia y el clientelismo más impúdico. La Ley Sáenz Peña no sirvió para eliminar el fraude y otros abusos. Antes bien, abrió las puertas a un siglo dominado por diversas variantes del populismo autoritario que es legítimo atribuir, por lo menos en parte, a un sistema electoral a la medida de los caciques partidarios que, desde luego, lo han conservado hasta nuestro días, consolidando así la brecha que separa la “clase política” de la ciudadanía rasa.

James Neilson


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