Protesta frente a frigorífico que dejó cesantes a 30 trabajadores

VILLA REGINA (AVR).- Unos 30 empleados que trabajan para la firma Loureyro, en las instalaciones del ex frigorífico Héctor Gutiérrez, iniciaron ayer una protesta frente a las puertas de la firma, porque la empresa cerró las puertas sin previo aviso.

«Hoy no sabemos qué va a ocurrir. Ayer y hoy comenzamos a recibir cartas documentos de la empresa donde esgrimen un montón de cosas, pero no nos deja en claro nada sobre la situación. Si nos dicen que rescinden los contratos, las 30 personas que estábamos trabajando quedamos en la calle», señalaron.

El grupo se concentró en las puertas de la firma que pertenecía al frigorífico Héctor Gutiérrez, cuyas instalaciones fueron rematadas en marzo de este año y adquiridas por la firma Débora Loureyro.

Los empleados indicaron que «a partir de la quiebra de Héctor Gutiérrez, un grupo de 60 empleados seguimos trabajando para la firma Saldívar, que había alquilado las instalaciones. Cuando se remató en marzo, el edicto decía claramente que era sin personal, pero con la empresa que compró se acordó que continuaban trabajando bajo la modalidad de contrato 30 personas».

Agregaron que «hoy nos encontramos con esta decisión de tener las puertas cerradas, de estar en la calle y sin ninguna precisión. En estos últimos días ha

bíamos visto movimiento, con presencia policial y sacaron carne, pero hoy está todo vacío».

Apuntaron que, entre otras causales del cierre, la empresa Loureyro argumentó el secuestro de 210 medias reses que se realizó hace 30 días atrás «que según ellos les causó un perjuicio económico importante, y que según nuestros cálculos sería alrededor de 120 mil pesos».

Precisamente, en las cartas documento, la titular de la empresa señaló que a partir de la clausura dispuesta por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario a partir del 8 de setiembre de 2006, por el plazo de 60 días, se dispuso la suspensión como matadero, frigorífico y abastecedor.

A los argumentos se sumó el secuestro de 210 media reses, las exigencias del municipio reginense, y del DPA, para regularizar el funcionamiento con el tratamiento de efluentes «que requieren un costo millonario», la imposibilidad de conseguir la habilitación comercial, «pese a la importantísima inversión millonaria» y la necesidad de afrontar pagos a proveedores y organismos de recaudación impositiva. Por todo ello se dio por «extinguida» la relación laboral con los empleados.

Los obreros apuntaron que «por el momento hemos decidido hacer esta permanencia en las puertas de la empresa, pero seguramente en los próximos días iremos definiendo qué acciones llevamos adelante para que se nos garantice la fuente laboral».