Provincias resignan recursos por más de $23 mil millones al año

A 20 AÑOS DEL PACTO FISCAL

Mañana se cumplirán veinte años de la firma del primer Pacto Fiscal por el que comenzó a deducirse el 15 por ciento de la masa coparticipable para el financiamiento del sistema previsional, en medio de reclamos de diferentes provincias que, en conjunto, aportarán este año por esa medida más de 23.500 millones de pesos.

Esa suma equivale al 80 por ciento del déficit fiscal proyectado para todas las provincias, que en muchos casos pasarían a ser superavitarias si contaran con los recursos que se les vienen detrayendo desde 1992. El aniversario coincide con la decisión de la Legislatura de Córdoba de abandonar el Pacto, mediante una ley aprobada el 8 de agosto, y el llamado del gobernador José Manuel de la Sota para instar a otros mandatarios a sumarse a su postura, y el reclamo que mantiene el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti y legisladores provinciales bonaerenses de la oposición.

En el reclamo, sostienen que ya no hay razón para continuar con una deducción de recursos que, indican, se instituyó para financiar la transición del sistema previsional público al de capitalización, que fue reestatizado en octubre de 2008.

Según estimaciones de la consultora Economía & Regiones, en la última década los aportes de las provincias a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES, destinatario de ese 15 por ciento deducido de la masa coparticipable) superaron los 100 mil millones de pesos a valores corrientes, una suma que sería notoriamente mayor si se la actualizara por la inflación acumulada en ese lapso.

El Pacto Fiscal, formalizado en la ley 24.130, fue firmado en Casa de Gobierno el 12 de agosto de 1992 por el presidente Carlos Menem, sus ministros de Economía, Domingo Cavallo, e Interior, José Luis Manzano, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, y los gobernadores de 21 provincias.

La ciudad de Buenos Aires no participó del acto ya que aún no era autónoma y las provincias de Córdoba y Neuquén estuvieron representadas por sus vicegobernadores.

Entre los gobernadores que suscribieron el acuerdo se contó con cuatro futuros presidentes: Eduardo Duhalde (Buenos Aires), Ramón Puerta (Misiones), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Néstor Kirchner (Santa Cruz).

El Pacto avanzaba sobre otros temas, como apoyar una solicitud al Congreso para la privatización de YPF, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el Banco Nacional de Desarrollo y la Casa de la Moneda, además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por la que se estableció su autonomía.

Pero el punto principal del Pacto quedó establecido en el inciso a) del artículo primero, por el que la Nación y las provincias acordaban destinar “el 15 por ciento para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios”.

La ambigüedad del texto, que no especifica límites para el financiamiento de esos “otros gastos operativos” (que por otra parte no identifica) dio lugar a reclamos de varias provincias a la Nación poco después de la puesta en ejecución del Pacto. Pero ninguno de los signatarios previó en 1992 lo que iba a ocurrir dieciséis años después, cuando se reestatizó el sistema previsional.

Desde entonces, la deducción del 15 por ciento de la coparticipación bruta continuó sin modificaciones, a pesar de que ya no había transición que financiar.

Eso dio lugar al reclamo de algunos -como los ya señalados Bonfatti y De la Sota- pero desde el Gobierno nacional defienden la medida, basándose en el ya citado texto del Pacto.

En el medio de la discusión hay una millonaria masa de recursos cada vez más apetecible en tiempos de necesidades fiscales.

Agencia DyN