Publicidad en contra

La publicidad, dicen los expertos, no tiene tanta fuerza como para hacer cambiar las preferencias de las personas sino, en el mejor de los casos, puede confirmar y fortalecer impresiones que éstas se forman por otras vías.

Esta verdad de puño que desvela a los publicistas debería preocupar mucho más en estos días a los funcionarios rionegrinos, y no sólo a los del área específica de Turismo, sino a todos los que de un modo u otro se vinculan, por acción o por omisión, con los dos durísimos golpes que ha recibido esta semana una de las principales actividades económicas de la provincia de Río Negro: la explotación del centro de deportes invernales del cerro Catedral y la innumerable red de actividades conexas.

El accidente en la aerosilla cuádruple y la gastroenteritis que aquejó a decenas de estudiantes en Bariloche afectaron a muchos más que a quienes los padecieron: a restaurantes, transportes, hoteles, taxis, agencias de viajes, cocineros, mucamas, comerciantes y hasta policías, médicos y tantos otros, de aquélla y de otras ciudades que se benefician con el turismo en forma directa o indirecta.

El Estado no es un empresario. Pero su función, a través de sus funcionarios en tanto garantes del interés público, debe ser vigilar que las actividades comerciales se desarrollen en un marco de respeto por la «buena fe» y por la sustentabilidad de la actividad global, lo que para el caso que nos ocupa incluye la protección de la salud y seguridad de los turistas.

Un cálculo estimado pero conservador del dinero que mueve anualmente el turismo en Bariloche concluye en que la cifra ronda los 200.000.000 de pesos.

El turismo, en resumen, es mucho más que un buen negocio para un grupo de empresarios: es el sustento directo o indirecto al menos de los 90.000 habitantes de Bariloche. Y un descrédito de la actividad los perjudica a todos.

¿Han actuado los funcionarios provinciales y municipales con el cuidado necesario para velar por la continuidad y el éxito de la actividad turística?

Hay razones para, al menos, dudar de que haya sido así.

La renovación y ampliación del contrato que dejó todo el cerro en manos de Catedral Alta Patagonia estuvieron precedidas de innumerables objeciones y advertencias respecto de anteriores incumplimientos de la firma y de su condición de concursada. Pero fueron desoídas por los gobiernos provincial y municipal, sin más argumento que el de tener la mayoría suficiente para cambiar el marco legal y adaptarlo a las necesidades del nuevo convenio.

Durante meses, la reglamentación del traspaso se vio más trabada por mezquindades y tironeos políticos que por dificultades objetivas, y el resultado es que casi toda la temporada invernal ha transcurrido sin que se constituyera la Comisión de Fiscalización del contrato vigente: que el radicalismo de Bariloche no quiso dar el lugar correspondiente al Concejo a un edil de la oposición… que a Icare no le gusta que el gobernador Miguel Saiz haya elegido a Roberto Medvedev para integrarla en representación de la provincia…

En fin, el martes a la mañana, cuando una de las aerosillas cuádruples se deslizaba vertiginosamente cable abajo y embestía a otras tres, provocando pánico y lesiones a 16 personas, la Comisión d Fiscalización no era más que una representación real de los laberintos burocráticos que tanto deleitaron a Kafka como narrador.

A juzgar por lo sucedido, la provincia ha reivindicado como propias -todavía- las funciones de inspección, y prueba de ello es que Turismo se abocó a analizar una eventual multa a la empresa, que se suma -recién ahora se sabe- a otra por un accidente anterior tan grave como éste aunque ocasionó menos daños a la salud de las personas que lo sufrieron.

No obstante, todo parece indicar que la que deberá afrontar los juicios que seguramente ocasionará el suceso del martes será la municipalidad -más allá de las acciones que se dirijan hacia la empresa CAPSA-, ya que la ley de traspaso de las tierras sólo liberó a la comuna de «litigios iniciados con anterioridad». Así, el municipio paga pero no controla, mientras los canales de televisión y otros medios de comunicación del país se explayan mostrando a padres acongojados que se preguntan «¿a dónde estamos mandando a nuestros hijos?», como si Bariloche fuera un confín, sin ley ni control.

El Estado invierte anualmente mucho en promoción turística, pero nada ha invertido esta semana en ideas para diseñar una estrategia comunicacional que revierta la pésima imagen que se multiplica por el país, ni Turismo ha mostrado energía ni capacidad para garantizar a los futuros turistas que ya no habrá otra como la grave falla que detonó el accidente.

«Ha pasado demasiado tiempo»

Esta semana, la Cámara del Crimen de Viedma resolvió -con el voto de Jorge Bustamante y Liliana Piccinini- dar por extinguida la acción penal contra el ex ministro Horacio Jouliá por la venta anticipada de regalías hidroeléctricas a precio vil y mediante un procedimiento ilegal, causa en la que tenía pedido de indagatoria el ex gobernador Pablo Verani.

Son cuantiosas las pruebas que indican que la irregularidad existió -tanto en el monto como en el procedimiento de la venta-, que produjo perjuicio al Estado y que Jouliá y Verani fueron los autores. Pero para concluir en que no tenga castigo, los camaristas Bustamante y Piccinini aludieron sólo a la presunta prescripción por el paso del tiempo, tomando como base que el juez pidió medidas varios meses después de que se cumplieran seis años desde que la acción quedó perfeccionada. No consideraron -como opinan los juristas que ocupan «la otra mitad de la biblioteca»- que el requerimiento de instrucción presentado antes de esa fecha por el fiscal Ricardo Falca bastó para interrumpir el plazo de prescripción, por lo cual el hecho sí puede ser juzgado.

Además, la Argentina firmó a fines de 2003 la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, aun cuando resta que ese documento sea ratificado, es de práctica considerar aplicables las normas internacionales que ya han sido firmadas. En este caso, en su artículo 29 recomienda a los países signatarios establecer «un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecer un plazo mayor o interrumpir la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia».

Independientemente de ello, es notable que ningún organismo administrativo de control avanzara siquiera en reprender verbalmente tan reprochable conducta del ex ministro y del ex gobernador, sobre todo considerando que este último es aún funcionario provincial al representar a la provincia ante el BID y el Banco Mundial.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar