El piso de inflación es del 50% y el FMI pide suba de tasas

Sea la época que sea, el Fondo es el Fondo. A la hora de sentarse a la mesa de negociación, el margen de maniobra para torcer las condiciones de cualquier crédito o refinanciación, es diminuto.
Es la pared que la estrategia del ministro de economía Martín Guzmán avizora cada vez más cerca de sus narices. Las exigencias de política económica que al momento de firmar impone el organismo, no escapan de la única receta económica que se le conoce al Fondo en casi 78 años de existencia: ajuste fiscal, suba de tasas de interés, reformas estructurales.

Haber esquivado al menos en lo inmediato este último ítem, es quizá el único éxito concreto que logró Guzmán en la negociación. La rebaja de sobre tasas por la cual Argentina emprendió un extenso lobby internacional, quedó en el olvido, mientras que pese a la insistencia del Presidente Alberto Fernández respecto a que no firmará un ajuste a costa del bienestar de los argentinos, eso es precisamente lo que el Fondo exige de forma inminente.

El ingrediente extra que emerge en los días decisivos previo a la firma del acuerdo, es la inflación. El dato oficial de enero, desnuda una cruda realidad: difícilmente la inflación baje este año, y muy probablemente los salarios vuelvan a perder la carrera con los precios.

La novedad es que la suba del nivel general de precios en 2022 ha dejado de ser un flagelo argentino, para convertirse en un ítem central de la agenda económica global. El recalentamiento de los precios en países como EEUU y Gran Bretaña, que no están habituados a la tensión inflacionaria, llevó a la Directora Ejecutiva del FMI Kristalina Georgieva a marcar la cancha en cuanto a las políticas que según el organismo deberán aplicarse a nivel global en 2022.

“Aunque existe una gran diferenciación entre las economías y una elevada incertidumbre de cara al futuro, las presiones inflacionarias han ido aumentando en muchos países, lo que exige una retirada de los estímulos monetarios cuando sea necesario”, señaló Georgieva el viernes pasado en un artículo publicado por un blog especializado en economía. “Algunas economías emergentes y en desarrollo ya se han visto obligadas a combatir la inflación subiendo las tasas de interés. Y el giro de la política en las economías avanzadas puede requerir un endurecimiento adicional en un mayor número de países” agregó Georgieva en otro párrafo del paper.

La referencia a la Argentina es inevitable en medio de la negociación que tiene lugar en estos días. En efecto, un gráfico que acompaña el paper en el que participa Georgieva, coloca a la Argentina en segundo lugar entre los países emergentes con tasas de interés reales negativas.
Atrás quedaron los días de 2021 en que para sorpresa de toda la ortodoxia, el Fondo reconocía a la inflación como un fenómeno multicausal. Ante la necesidad de dar respuesta al flagelo, la ortodoxia regresa, o más bien resulta que jamás se fue.

El 3,9% de inflación que arrojó enero, que coloca el acumulado de los últimos doce meses en el 50,7%, deja expuesta la principal y única política anti inflacionaria aplicada por el gobierno hasta el momento: los acuerdos de precio. La herramienta de “Precios Cuidados” se ha mostrado impotente para moderar el avance de aquellos precios para los que intenta poner un parámetro testigo.

El instrumento volvió a cobrar relevancia en el mes de septiembre, con la llegada de Roberto Felletti a la Secretaría de Comercio Interior tras la derrota del oficialismo en las PASO. Desde que Felletti asumió la tarea de acordar con los empresarios, la inflación mensual registró 3,5% en septiembre, 3,5% en octubre, 2,5% en noviembre, 3,8% en diciembre y 3,9% en enero. En cuatro de los 5 meses el ratio fue igual o mayor al 3,5%, y en el último trimestre se verifica una marcada tendencia al alza de precios pese a la vigencia del programa.

No solo ello, sino que el capítulo “alimentos y bebidas no alcohólicas” que conforma el centro de la regulación de precios, mostró en enero un incremento del 4,9%, muy por encima del promedio del resto de los precios, regulados y no regulados.

Al observar los datos en perspectiva, comienza a ser evidente que la inflación anual en Argentina ha encontrado un nuevo piso en el 50%. Es la tendencia que marca la estadística para los últimos tres años, dinámica que solo fue interrumpida a raíz de la pandemia en 2020.
El flagelo implica una dificultad crónica para que los ingresos de los segmentos medios y bajos logren recomponer su poder adquisitivo, tras cinco años consecutivos de derrumbe real del salario.

Pero más allá de la impotencia para erradicar la inflación que exhibe el gobierno y de las consecuencias sociales que ello acarrea, empieza a crecer el malestar interno en ciertos sectores del oficialismo. Le recriminan al Presidente que la inflación no sea una prioridad de gestión.
En el peronismo son conscientes de que las chances en 2023 son ínfimas con precios volando por encima del 50%.

En efecto, las prioridades del mandatario parecen transitar otro carril. Los sectores críticos señalan que el Presidente está más enfocado en el cambio climático, las cuestiones de género, o la salud mental, y no pone el énfasis suficiente en atacar el flagelo inflacionario.

Cuando en septiembre del año pasado Martín Guzmán elevó al Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para 2022, su estimación respecto a la inflación del presente año era del 33%.
Finalmente el presupuesto fue rechazado, y la proyección oficial de inflación no está escrita. Sin embargo, desde las filas del gobierno y en el inicio de la temporada 2022 de acuerdos paritarios, se deja trascender que la pauta que buscarán sostener es una inflación anual del 40%.

A la luz de los datos, el desafío que tienen en la cartera de Martín Guzmán es titánico. Basta con anticipar que la revisión de los subsidios a la energía que exige el Fondo, implicará un ajuste de tarifas, y que por más que exista segmentación, ello tendrá un impacto directo sobre el nivel de precios.

Si bien en materia económica es imposible hacer futurología y cualquier evento inesperado puede distorsionar las previsiones, el contraste de la meta oficial de 40% con los datos de inflación, habilita a pensar en tres posibles escenarios para 2022.

Una mirada pesimista coloca el registro de inflación mensual en un rango de entre el 4% y el 4,5% para el resto del año. Si se tiene en cuenta el impacto que tendría la actualización de tarifas y la aceleración estacional de precios que tiene lugar en marzo y abril, no es inverosímil. De verificarse, implicaría una inflación anualizada del 57%.

Un escenario que podría denominarse realista, ubica la inflación mensual en un rango del 3,5% y el 4%. Se trata del nivel en que se han movido en promedio los precios durante los últimos nueve meses. De mantenerse esa tendencia durante el resto del año, significaría una inflación anualizada del 52%.

Por último, un escenario optimista coloca la dinámica mensual de precios entre el 2,5% y el 3% mensual. Implica que el gobierno debería reducir sensiblemente la velocidad de los precios en lo que resta del año. Si lo logra, la inflación anual sería del 35%. Es la única chance de que la meta oficial del 40% sea plausible.

En cualquiera de los tres casos, comienza a resonar la recomendación de Georgieva respecto a las tasas de interés. La receta que el Fondo impondrá en adelante, no solo se relaciona a la meta de déficit fiscal. Trae consigo una suba de tasas reales que será el principal escollo en el camino al crecimiento sustentable que pretende alcanzar el gobierno.