Objetivos de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

El gobierno publicitó que contribuyó a una disminución de la pobreza, pero la “inflación de los alimentos” deterioró éste y otros estamentos sociales.

19 jul 2015 - 00:00

El gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner calificó a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH) como “el programa de transferencia de ingresos más importante de la historia argentina y de la región”. Semejante autoelogio, tal vez lo hizo por calcular que superó, en ciertos momentos, a los de los programas “Bolsa familiar”, de Brasil; “Oportunidades”, de México; “Juntos”, de Perú; “Familias en Acción”, de Colombia, y “Chile Solidario”.

La AUH fue aprobada por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1602 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) del 29 de octubre del 2009 y transcurrió parte del mes siguiente sin que se conociera cuántas personas se habían anotado en las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), responsable de pagar 180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años, desde el 1 de diciembre.

Para recibir la AUH, los adultos a cargo de los menores debían presentar la “Libreta nacional de seguridad social, salud y educación”, con las certificaciones de los controles sanitarios y las vacunaciones obligatorias, como asimismo las concurrencias a las escuelas públicas.

Por el DNU 446, del 18 de abril del 2011, se implementó la “Asignación Universal por Embarazo para Protección Social” para que las futuras mamás no debieran preocuparse qué hacer con sus hijos y, si continuaran sin conseguir ocupación, posteriormente pudieran obtener la AUH. Con la 446, lograban prestaciones no retributivas mensuales desde la duodécima semana de las gestaciones hasta los nacimientos o interrupciones de los embarazos. Para eso debían ser argentinas nativas o por opción, naturalizadas o residentes, con domicilios legales en el país no inferiores a los tres años previos a las solicitudes.

Inicialmente, la AUH no llegó a todos los que la necesitaban, como coincidieron especialistas en política social y dirigentes opositores. Los no kirchneristas insistieron en que el plan no tenía en cuenta a todos los niños pobres, que estimaron entre 800.000 y dos millones, y parecieron dispuestos a impulsar una ley de “Seguro Universal para la Niñez” que sustituyera el DNU de la presidenta. El gobierno fijó los requisitos para recibir las ayudas: los padres de los futuros beneficiarios debían estar desocupados o ser trabajadores informales que ganaran menos del salario mínimo (en ese momento de 1.440 pesos) o desempeñar tareas domésticas.

Claudio Lozano, diputado nacional por el Proyecto Sur, estudió en aquella época el DNU 1602 y concluyó en que no incluía a 2,3 millones de niños pobres e indigentes. Declaró que hasta dejaba afuera a quienes actuaban en la economía informal y ganaban más que el salario mínimo; los monotributistas que no percibían asignaciones familiares por hijo y los trabajadores domésticos no inscriptos.

Héctor “Toti” Flores era diputado de la Coalición Cívica (CC) y referente del movimiento social del barrio “La Juanita”, de La Matanza (provincia de Buenos Aires) , cuando alertó que el DNU de marras “no tomaba en cuenta a más de 800.000 personas sin documentos nacionales de identidad (DNI)”.

Gabriel Castelli, entonces presidente de Cáritas Argentina, destacó que si bien la medida “era positiva, por reconocer un problema de pobreza importante, como estaba planteada no cubriría al 100% de la población”.

Diego Bossio, director ejecutivo de la Anses, admitió la existencia de “pobreza estructural en la Argentina” y la necesidad de combatirla.

Como el subsidio se abonaba hasta el quinto hijo, surgieron discusiones respecto del criterio de la delimitación. Recién luego del séptimo se cobraba un adicional, por lo que quedaba una zona gris para los padres de seis hijos.

Con la AUH se unificaron planes –o intentaron hacerlo– para cubrir desde la Anses a los sectores más vulnerables. El gobierno publicitó que dicha asignación contribuyó a una disminución de la pobreza de entre el 20% y el 25% y de la indigencia del 40% al 50%. Las mayores coberturas se verificaron en las regiones del Noroeste (NOA) y el Nordeste (NEA), con el 30%-35%; la Pampeana y Cuyo, 25%-30%, y la Patagonia, con alrededor del 20%.

“Combinado con un fuerte aumento de las inversiones en la creación de escuelas en las áreas pobres y la ampliación de los servicios en salud, la AUH mejoró sustancialmente las tasas de aprobación escolar y de salud”, opinó Bernardo Kliksberg, doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Sociología, considerado un referente mundial en temas de pobreza.

El gobierno nacional atribuyó la creciente tasa de escolaridad oficial a la AUH, más en los hogares donde había “entornos emocionales favorables y las madres eran mayores de 25 años”. Entre quienes no la percibían, “la situación empeoró y afectó más a los varones”. Uno de los problemas se notó entre los jóvenes de 13 a 17 años, o sea aquellos que deberían asistir a la escuela secundaria.

La “inflación de los alimentos” deterioró el poder de compra de los asalariados, los jubilados y los pensionados, como también el de los beneficiarios de la AUH. En mayo del 2014 se calculó que debería aumentarse de los 460 pesos vigentes a los 600 para compensar las subas de los precios, o sea el 30%.

“La distribución del ingreso es el único lugar donde no funciona la ley de la gravedad. Se habló de derrame, pero no cayó dinero hacia abajo. En cambio, mejorando el ingreso de los de abajo, termina subiendo el beneficio”, argumentó CFK, el 14 de mayo del 2014. Entonces, y después de un año en que no se modificó, anunció aumentos del 40% en la AUH y la asignación por embarazo, por lo que pasarían de 460 a 644 pesos”.

“Los incrementos de las asignaciones familiares son relevantes debido a que elevan los topes para su recepción y más las de los grupos de menores ingresos”, declaró Bossio, persuadido de que “las transferencias de la Anses subieron los ingresos totales familiares de los hogares más necesitados y redujeron los de los más ricos”.

Los fondos utilizados por el organismo provenían en un 60% de los aportes y las contribuciones de los trabajadores y los empleadores y el 40% restante de los impuestos recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En ese sentido, la Anses habría destinado el año pasado unos 420.000 millones de pesos, casi el 80% para las jubilaciones y las pensiones y el resto, dividido en partes iguales, a las pensiones no contributivas, por un lado, y las asignaciones familiares y la AUH, por el otro”.

La edad mínima para la contratación laboral en la Argentina es de 16 años desde el 25 de mayo del 2010, de acuerdo con la ley 26390. Dos años después, de considerarse la población urbana del país sin distinción socioeconómica, trabajaba uno de cada diez chicos de entre 5 y 17 años según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA).

“La AUH representa, en promedio, una cuarta parte del conjunto de los ingresos familiares y el 40% en los hogares más pobres. Esto permitió la alimentación e incrementó la cantidad y calidad de la misma entre los beneficiarios”, reseñó Bossio.

CFK, en la que fue su cadena nacional de radio y televisión número 24 de este año, el 15 de junio pasado comunicó que enviaría al Congreso un proyecto ley de movilidad automática para la AUH, la Asignación por Embarazo para Protección Social y las Asignaciones Familiares, con el objetivo de que no se “licuen” en las futuras gestiones. El sistema sería igual al aplicado para actualizar las jubilaciones y pensiones en marzo y septiembre de cada año.

Para los habitantes de la Patagonia (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida y el partido bonaerense de Carmen de Patagones) se contemplaría un 30% adicional para la AUH y la asignación por embarazo, que lo previsto para el resto del país.

El gobierno no aceptó los reclamos de la oposición para que se adoptara un criterio similar con quienes viven en las provincias del norte, teniendo en cuenta sus altos niveles de pobreza, desempleo y trabajo en negro.

Durante su reciente campaña electoral, CFK decidió aumentos del 30% en los tres beneficios mencionados, por lo cual la AUH pasaría de 644 a 837 pesos desde junio. Publicitó por ese motivo, el 23 de junio, que habría 7.750.059 niñas y niños “protegidos”, menores de 18 años. Los incrementos representarían una inyección de 19.000 millones de pesos, el 41% más respecto del 2014.

Fernanda Reyes, economista de la CC, aseveró que es “un cálculo poco transparente del que no se conocen ni la fórmula final ni los parámetros utilizados”. Como le negaron un pedido de informes, presentó un amparo judicial.

Graciela Bevacqua, una de las profesionales desplazadas del Indec, comprobó que “aún con esta actualización, el poder de compra de la asignación perdió el 6,1% desde el 2009” y explicó que “la AUH aumentó 365%, mientras los alimentos, consumo clave de quienes tienen menos recursos, se dispararon un 387%”.

“La AUH no es universal. Sí es importante y la defendemos, pero queremos que cobren todos”, planteó Víctor De Gennaro, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y actual candidato a presidente por Unión Popular.

“Estamos de acuerdo con la continuidad y el fortalecimiento de la asignación –opinó Gabriela Michetti, candidata a vicepresidenta de la Nación por el Pro–. Es más, creemos que hay que hacerlo por ley y extenderla. Es un derecho que tiene que ser universal”.

CFK procuró convencer que la AUH “ya es ley”.

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