¿Y la reducción de impuestos?

“Los impuestos nos están matando”, afirmó el presidente Macri en una de sus alocuciones.

Totalmente de acuerdo. El problema es que la terapia no está en línea con el diagnóstico. La reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo Nacional resulta de un gradualismo exasperante, rayano con la ineficacia. Un ejemplo es la reducción del impuesto a las ganancias a empresas y el impuesto al cheque en cómodas cuotas, mientras los aumentos son de contado.

En nuestro querido país existen 96 impuestos, según estima Antonio Margariti, uno de los economistas que más investigó sobre el tema. De los tantos impuestos que saquean nuestros bolsillos, ingresos brutos es el más distorsivo. El efecto cascada determina que, según un análisis del IARAF, el consumidor pague un 11% más aproximadamente por los bienes y servicios que consume. Por el lado del productor, empresario o comerciante, pagar un impuesto sobre las ventas sin importar el resultado final resulta una perversidad.

No obstante lo distorsivo de este impuesto y la necesidad que se venía planteando en cuanto a su disminución o eliminación, en Río Negro y Neuquén la clase política decidió incrementarlo en varias actividades. En el caso del comercio mayorista y minorista se incrementó al 5%, agravando la asfixia impositiva del sector privado productivo. Una falta de respeto al contribuyente, que es considerado un cajero automático (al que le queda cada vez menos dinero).

El problema es que el sector público no se ajusta, no reduce sus gastos, y le pasa la factura a la actividad privada, que es quién sigue ajustándose y pagando el despilfarro estatal. El exceso de empleo público es una de sus causas. Según datos oficiales, Neuquén tiene 94 empleados públicos cada 1.000 habitantes. Río Negro, 80 cada 1.000. El promedio país es de 51 empleados públicos cada 1.000 habitantes.

La mochila está cada vez más pesada y el mochilero más flaco.

En el libro “Estrangulados, cómo el Estado asfixia tu economía”, de Iván Carrino, se citan numerosos estudios empíricos compilados por el economista Robert Murphy, que muestran una relación inversa entre crecimiento económico y carga impositiva.

El costo social se viene generando por la falta de ajusta en el sector público, en términos de desarrollo, empleo, bajos salarios, informalidad y pobreza.

El monopolio más peligroso es el de los gobiernos: nos cobran lo que quieren, ofreciéndonos bienes públicos deficientes. Una estafa.

No sirve quedarnos en la queja improductiva o la charla de café. Corresponde una autocrítica. ¿Qué ha hecho el sector privado para frenar la arbitrariedad fiscal? El diagnóstico tiene que servir para la acción: definir qué haremos de distinto frente a la expropiación impositiva.

La discusión pendiente sigue siendo el tamaño del Estado, que requiere una alta presión tributaria para financiar la estructura.

Opinión Pulso