Qué hizo el juzgado de Familia



Pese a que la jueza de familia de Viedma, Sandra Filipuzzi, está con licencia médica desde comienzos de esta semana, a través del área de prensa judicial la secretaria del juzgado, Gabriela Tamarit, dio a conocer pormenores de las actuaciones previas al intento de homicidio. Se consignó que el 29 de noviembre de 2010 Filipuzzi, al recibir desde el juzgado de Paz de San Antonio (a cargo de Lilian Maziotti) las actuaciones por la denuncia de Paola Canario por violencia familiar (ley 3040) dispuso “confirmar todo lo actuado”. Ordenó, demás, la interrupción del concubinato y el impedimento de contacto y otorgó a Paola la tenencia de los hijos de 7 y 8 años. Ordenó tratamiento psicológico para ambas partes, “que en caso de no efectuarse será considerado como desobediencia judicial”. Filipuzzi dispuso que ambos quedaran bajo seguimiento y supervisión del área de salud mental del hospital y de la UEL (la Unidad Ejecutora Local de violencia familiar) e informó a Canario en el expediente que podría realizar, si era necesario, las presentaciones penales que correspondan, “y se pone en conocimiento de las medidas al fiscal y los demás organismos”. El 3 de febrero de 2011 la jueza suspendió el régimen de visitas de Díaz a sus hijos, hasta tanto el hombre acredite la realización del tratamiento psicológico. “Se prohibe que éste ingrese a un radio de 300 metros de la casa, el lugar de trabajo, la escuela de los niños o cualquier lugar en el que se encuentre su ex, y se le ordena a la Comisaría 10 que realice rondas periódicas por el domicilio de Paola, haciéndole saber a la policía que si Díaz regresaba a San Antonio tendrían que apostar una guardia permanente en la casa de Canario e intervenir ante cualquier situación de riesgo”, explicaron desde el área de prensa. Se pidió además la intervención de la subsecretaría de Promoción Familiar local, como integrante de la UEL, instando a que informe del seguimiento a la jueza Filipuzzi. Pero “desde la UEL jamás elevaron un informe de seguimiento”, se informó, por lo que se presume que el mismo nunca existió. El 2 de marzo, la jueza recibió un oficio del fiscal de SAO, Fabio Corvalán, que éste envía a pedido del juzgado penal 4, para ponerse en conocimiento de las actuaciones. (ASA)


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