“Qué le conviene hacer ahora al país”



PUNTO DE VISTA

El Banco Ciudad, al analizar el fallo de Griesa y sus eventuales consecuencias, considera que hubo una “mala praxis” del gobierno argentino “que permitió justificar una acción judicial inédita, contraria a los intereses de la Argentina”. Se refiere a las de Cristina Kirchner y su ministro Hernán Lorenzino, anticipando que no se respetaría ninguna decisión que implicase abonar total o parcialmente a los demandantes. “Así –señalan los economistas de la entidad– aparecen dos cuestiones que explican por qué, luego de 10 años de litigio, se está a un paso de forzar un segundo default de la deuda argentina. El primero es la cuestión de fondo: el juez había mantenido hasta ahora fuera de la discusión los pagos a los tenedores de bonos reestructurados. Pero a partir del nuevo fallo, recurre a una nueva interpretación de la cláusula de pari-passu (una figura legal-técnica que, básicamente, indica que no se puede dar un tratamiento diferente a distintos bonistas), la cual estaría siendo violada, a criterio del juez. Sobre este punto, de fondo, todavía debe expresarse nuevamente el pleno de la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema. La segunda razón, más operativa, es el levantamiento de la medida de no innovar, que obliga al gobierno a depositar los fondos antes del 15 de diciembre para seguir litigando, incluso antes que se resuelvan definitivamente las apelaciones”. ¿Qué hacer ahora? El gobierno ya dijo que recurrirá a todas las instancias de apelación posibles, “pero si no se reinstala antes del 15D la medida de ‘no innovar’ u obtiene una sentencia favorable o, en su defecto, no deposita los u$s 1.330 millones, tendría unos 30 días de plazo antes de caer en default (el plazo máximo que otorgan las cláusulas legales de los bonos para hacer los pagos convenidos). Asimismo, aunque el fallo involucra un monto inicial de u$s 1.330 millones, el monto total del problema podría escalar hasta los u$s 11.000 millones, si se considera el total de los bonos que no ingresaron al canje”. La entidad que dirige Federico Sturzenegger sostiene que “el gobierno desaprovechó una oportunidad (quizás única) para mostrar voluntad de pago e inducir a la Justicia a una interpretación distinta: básicamente, ofreciendo a los ‘fondos buitre’ un pago equivalente al del resto de los bonistas que ingresaron a los anteriores canjes”. En su opinión, “debería plantear este reclamo en su inminente apelación”. Dos escenarios se abren: • “que la Justicia considere que ambas deudas deben pagarse plenamente (una por un monto reestructurado, el otro por el monto pleno), que es a lo que aspiran los litigantes y es lo que dictaminó Griesa”; • “que defina que lo que hay que pagarles a los ‘fondos buitre’ guarde una proporcionalidad con lo que recibe aquel que, en su momento, aceptó el canje propuesto por Argentina. Esta segunda versión replicaría lo que hoy es práctica corriente en los mercados de bonos mediante las denominadas ‘cláusulas de acción colectiva’: que las minorías deben someterse a las mismas condiciones aceptadas por la mayoría”. Y concluye: “Resolver el problema de la deuda en mora tendría muchos beneficios, pues implicaría romper definitivamente el muro de aislamiento financiero que sufre el país, reabriendo el mercado de capitales internacionales a las empresas argentinas y al gobierno, algo que sería imprescindible para aprovechar un momento en el que ese mercado ofrece los menores costos financieros de los últimos 40 años. Si, por el contrario, el gobierno elige adoptar una posición ideológica y se resiste a resolver el problema, no sólo perdería esta oportunidad, sino que se vería forzado a un nuevo default de la deuda reestructurada o a hacer un nuevo canje para moverla de la legislación internacional a la local, lo que incrementaría aún más los costos de financiamiento”.


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