Quebrado con sospecha de fraude, el ministro Gutiérrez fue rehabilitado
No obstante, sigue desapoderado de los bienes adquiridos hasta la rehabilitación, decretada en octubre último. Se le levantó la prohibición de salir del país y la intervención de su correspondencia, pero continúa pesando un embargo sobre su sueldo. En abril del 2001 el juez presupuestó la deuda en 48.000 pesos de capital más 25.000 de gastos para la ejecución. El desapoderamiento fue apelado y el expediente elevado a la cámara del fuero. Por una sospecha de fraude en la quiebra, el juez dio intervención a la Justicia Penal.
NEUQUEN (an),- El ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Gutiérrez, fue rehabilitado el 8 de octubre pasado por el juez Enrique Videla Sánchez en la quiebra que le decretó en julio de 1998. No obstante, el magistrado extendió el desapoderamiento de bienes que pesaba sobre el fallido hasta la fecha de la rehabilitación, motivo por el cual el auto fue apelado. La defensa, a cargo del abogado Hernán Duarte, considera que el desapoderamiento debe cesar al año de decretada la quiebra.
Con la quiebra el magistrado dispuso también la inhibición general de bienes de Gutiérrez, así como la prohibición absoluta de que se le hicieran pagos. Igualmente, ordenó interceptarle la correspondencia y le prohibió salir del país, a cuyo fin se libraron oficios a las policías federal y provincial, Gendarmería, Migraciones, Dirección de Aeronáutica, Ministerio del Interior, secretaría de Transportes de la Nación y Prefectura.
Casi un año después, en junio de 1999, el juez decretó la clausura del procedimiento por falta de activo, esto es, que no se encontró un solo bien a nombre de Gutiérrez para satisfacer los gastos del juicio. Consideró a la vez que «tal clausura debe comunicarse a la justicia en lo penal ante la presunción de fraude y para la instrucción del sumario pertinente».
Las actuaciones, por lo tanto, fueron enviadas a la fiscalía de turno, a cargo del doctor Ignacio Cano. Hace varios meses el funcionario, consultado por este diario respecto de la investigación del caso, dijo que había enviado el expediente al archivo, pero no recordó los fundamentos de su decisión. En abril de 2001 Videla Sánchez había ordenado que se pidiera a Cano un informe sobre la investigación. La defensa manifestó en un escrito del 7 de agosto de este año que el funcionario nunca contestó el oficio, y unos días después presentó informes de los juzgados penales de los cuales surgía que el fallido no tenía causas abiertas por delitos económicos. Simultáneamente, Gutiérrez se quejaba de que la demora en el levantamiento de la inhabilitación le causaba «graves daños, poniendo en peligro su carrera política». Decía igualmente que tenía que acompañar al gobernador en un viaje al exterior (lo que le estaba vedado por la prohibición de salir del país).
La verificación de los créditos de los acreedores, a diciembre de 1998, dio para Carlos Nahuelcheo la suma de 8.638 pesos, y para la DGI 16.279 pesos. Nahuelcheo, un ex chofer de la empresa de remises de Gutiérrez, fue quien pidió la quiebra de su empleador después de que no pudiera cobrar la sentencia a su favor en un juicio laboral por despido.
Iadep
Entre la nutrida colonia de funcionarios y allegados a los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino que habitan la lista de deudores del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo, el IADEP, Gutiérrez tiene un lugar destacado. No tanto por el monto, de 41.872 pesos, como porque, en su caso, se trata de un ministro que es, a la vez, encumbrado dirigente del partido oficial. Como lo fue su antecesor, el FONDEP, el IADEP ha venido a ser una especie de patio trasero del Banco de la Provincia del Neuquén, donde la entidad financiera arroja a sus deudores incobrables
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