Quejas y reclamos



Curiosamente, el destino trenzó los hilos de tal modo que los cargos ofrecidos a dos personas que comparten poco más que la ciudad de residencia quedaron unidos por las circunstancias.

Graciela Di Biase es una mujer que formalmente integra un partido de oposición, pero sus actitudes mesuradas llevaron a que no fuera del todo sorpresivo el anuncio de que -ampliando su estrategia de crecer hacia afuera- el gobierno buscara sumarla, sobre todo para intentar “blanquear” la pésima imagen administrativa de la empresa estatal Altec.

En cambio, Roberto Medvedev -ex PPR aliado con el radicalismo desde las épocas de Verani- parece tener menos que ver con este gobierno provincial.

La cuestión es que las dos designaciones merecieron la objeción del intendente de Bariloche, Alberto Icare, aunque por razones bien diferentes.

Respecto de Di Biase, persona de su confianza personal y política, Icare cuestionó que no le consultaran antes de ofrecerle el cargo. Aunque tal formalidad, insuficiente para justificar su encendida queja, pareció ocultar cierto disgusto porque el protagonismo de la futura funcionaria pueda mellar el suyo propio.

En cuanto a Medvedev, es obvio que la carga de gruesos calificativos que Icare pronunció en su contra quedan desactivados por el conocido resentimiento que el intendente guarda a quien presidió la Comisión Investigadora Legislativa sobre la Cooperativa Eléctrica de Bariloche y que, en su informe final, evidenció que Icare percibió en forma indebida un beneficio equiparable a dinero pese a haber solicitado licencia sin goce de haberes en la CEB para ocupar la intendencia. Más allá del modo -opinable o no- con que Icare y la Cooperativa disolvieron el trance, es innegable que existió la incompatibilidad entre el intendente y la empresa concesionaria de servicios públicos.

Después de eso, Medvedev e Icare tuvieron otro “round” por sus posiciones opuestas acerca de la cesión de las tierras del Catedral a la firma CAPSA. Ahora Medvedev, en su calidad de integrante de la Comisión de Seguimiento de la concesión del cerro Catedral, tendrá directa vinculación con un área en la cual el intendente creía tener todo bajo control, tras haber ubicado a Germán Jalabert en Turismo.

En términos políticos, a Icare no le fue nada bien esta semana, ya que rechazaron sus objeciones y -contrariamente a su pedido- ambos funcionarios serán puestos en funciones este martes.

Además, comienzan a delinearse grupos a nivel provincial que operan desde su adhesión o su toma de distancias respecto de Miguel Saiz, y a los que conviene seguir con atención. Tal es el caso de la injerencia que buscan consolidar los dirigentes vinculados con el veranismo y las operaciones que el gobierno comienza a perfilar para reducir ese poder, tan sutiles aún que cuesta predecir si lograrán su objetivo.

Es probable que la actuación de Di Biase en Altec y de Medvedev en e Ente Catedral sean precisamente los dos principales “campos de batalla” en que se diriman estas diferencias. Esto se deduce de la serie de reuniones que ya han tenido los ejecutivos de Altec vinculados con la “era Campbell” ante la inminencia de que asuma una conducción ajena al grupo.

Pero, en todo caso, no serán los únicos lugares en lidia. Otro será la propia CEB, a juzgar por el tono que está teniendo la campaña electoral, sobre todo por parte de los sectores vinculados con la anterior conducción, tarea de la que no es ajeno Icare.

 

El BPRN y el abuso del crédito

 

El juicio por la más millonaria defraudación que haya sido juzgada en Río Negro está llegando a su fin. Pero sigue deparando sorpresas.

Una de ellas fue la soltura con la que el ex ministro Edgar Massaccesi buscó justificar las operaciones irregulares presentándolas como simples créditos esperanzados en la recuperación de genuinas empresas en problemas.

El tema no es menor, ya que -junto con la violación a los procedimientos internos y las normas del Central- es precisamente el nudo de la acusación que pesa contra los ex funcionarios Edgar Massaccesi, Francisco Ricciardulli, César Nouche, Rubén Rodríguez, Guillermo Speratti, Rodolfo Bou Abdo y Antonio Osvaldo Sánchez, y contra los empresarios Pedro Traballoni y Juan Antonio Ríos.

Forzada por la necesidad de investigar a fondo los ardides financieros, en el marco de la ofensiva judicial por la transparencia conocida como “mani pulite”, Italia avanzó en tipificar conductas desleales de directivos bancarios. Desde entonces fue descripta la modalidad conocida como autopréstamo, habitual en bancos públicos, y que puede definirse como conductas desleales que los responsables de la administración de un banco realizan al otorgar créditos a personas o empresas a sabiendas que éstas no tienen ni la voluntad ni la capacidad económica para devolverlos.

Así, el banco es víctima y a la vez autor del delito, aun cuando no lo sea en su conjunto sino como responsabilidad de su cúpula directiva.

Claro que en estos casos -en lo que también coinciden con los hechos investigados en Río Negro- son operaciones sólo “disfrazadas” de orgánicas, ya que no cuentan en general con la aprobación de los organismos técnicos internos de evaluación del riesgo crediticio sino que son abusivas.

Lo que Edgar Massaccesi omitió decir es precisamente que en los créditos investigados se actuó a pesar del dictamen opuesto de los cuadros técnicos de la entidad o sin solicitarlo siquiera, y que las tales empresas eran en realidad firmas concursadas, incumplidoras reincidentes, sin garantías válidas o directamente “sellos” fabricados al sólo efecto de obtener créditos.

No fue el banco la única víctima: la lista se completa con las empresas genuinas que ya no tienen a quién pedirle asistencia y el personal que quedó sin su fuente laboral.

Lo que sorprende, en todo caso, son las razones que el 18 de junio dio el gobernador Saiz en Bariloche, cuando un periodista le preguntó por qué el Estado -víctima de las maniobras en el BPRN- no accionó nunca como querellante para resarcirse del daño sufrido.

-“¿Y la Fiscalía (penal) a quién representa?”, preguntó.

-“Al Estado”, le respondieron.

-“Entonces no es que no esté el Estado”, añadió molesto.

-“Pero la provincia no está en el juicio como querellante”, insistió el periodista.

-“Pero hay fiscal o no hay fiscal? El fiscal representa a la sociedad y al Estado. El Código de Procedimientos de la provincia no es muy amplio en la posibilidad de participación del querellante. Además me parece que están absolutamente representados todos los sectores”.

Por su condición de abogado, el gobernador no puede ignorar que el Estado -en tanto erario público puesto a su custodia- es el gran ausente en este juicio, como en los otros vinculados con corrupción.

 

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar


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