¿Quién paga la universidad?

En esta crisis económica feroz, que también devora los presupuestos de la educación, incluida la superior, la realidad del enorme crecimiento de la matrícula estudiantil en las universidades nacionales llevó a la cartera educativa y su comisión asesora -recientemente creada- a abrir el debate de cómo y de dónde obtener nuevos recursos para asegurar el acceso de todos los aspirantes.

El ministro Andrés Delich sostiene que «la mejor solución» es que las familias de estudiantes de la universidad pública que tengan un ingreso base de 3.000 pesos paguen una sobretasa al Impuesto a las Ganancias, de entre el 1 y el 1,5%, que a su entender «reunirá poco dinero, pero garantizará la equidad».

Delich se encargó de aclarar que se trataría de un impuesto que diferenció del concepto de arancel. «Un arancel es una tasa que se cobra uniforme a todos los alumnos y que tiene repercusión académica si no se cumple. Esto quiere decir que si un alumno no paga, no puede rendir. Esto es un arancel», dijo el ministro.

Precisó que en el caso de un impuesto «que se sobreagrega de la AFIP, cuando alguien no paga, cuando es evasor, se supone va a la Justicia, pero de ninguna manera hay una repercusión académica en el joven y en la carrera. Esta no es una diferencia menor», destacó.

Las olas que levantó la propuesta de Delich -en favor y en contra- subsisten y lo harán por mucho tiempo más en este debate que impulsa el polémico ministro.

Por un lado, están quienes aplauden la medida, a la que llaman «arancel» y argumentan que los que llegan a la universidad argentina «son un elite cada vez más privilegiada en el país» y que por ello «están en condiciones de hacerlo».

Además sostienen que nuestro país es uno de los pocos en el mundo donde la universidad pública es gratuita, ya que en países como Estados Unidos se financia indirectamente de una proporción del Impuesto a las Ganancias de cada ciudadano.

Asimismo recuerda, y esto muchos lo sabemos, que un promedio del 50% de los estudiantes que hicieron el primario y el secundario en colegios privados, luego terminan su educación en la universidad pública, y ese dato pesa en algunas casas grandes como la de Buenos Aires (UBA), Córdoba y Rosario.

Un sector intermedio, como los rectores -UBA, Litoral, Tres de Febrero, Rosario y otros- acuerdan con el impuesto, pero en el caso del porteño Oscar Shuberoff, lo ven «inconveniente» que lo paguen sólo los padres de estudiantes universitarios.

Dentro de los moderados -ya no en el caso de los rectores sino académicos y expertos- se sostiene que el profesional tiene a largo plazo una participación en la renta educativa, es decir que tiene un beneficio en su época de formación universitaria que va a usufructuar una vez que egrese.

Pero consideran más «equitativo» que todo el mundo contribuya por igual a sostener la universidad, o en su defecto que se graven las ganancias de los profesionales, es decir que una vez recibidos devuelvan a la sociedad con su renta parte de lo que recibieron.

En la otra vereda se ubican diputados del mismo signo del gobierno, federaciones docentes y estudiantiles que directamente se sienten traicionados.

El diputado porteño Daniel Bravo, también radical como el presidente, muy duro proclamó: «Las tres palabras clave con las que llegó Fernando De la Rúa fueron «Alianza para la educación, el trabajo y la justicia», y cuando accedió al poder cambió la Alianza y las tres palabras que ahora son: para el impuestazo, la rebaja de salarios y el arancelamiento».

El líder de los estudiantes universitarios del país, Manuel Terrádez, que conduce la FUA, cree que debatir el financiamiento universitario «es debatir el financiamiento del Estado».

Pero Terrádez no se quedó en la protesta y disparó algunas de sus propuestas. Recapturar los beneficios de las privatizaciones y reestructurar el impuesto a la riqueza.

Por último, un pensamiento no menos polémico del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, quien sostiene que «los gastos de enseñanza son una inversión de capital en una empresa arriesgada, como las realizadas en un pequeño negocio recién montado. El método más satisfactorio de financiar tales empresas no es un crédito fijo, sino una inversión equitativa; comprar una acción de la empresa y recibir a cambio una parte de las ganancias».

(DyN)