Quieren controlar la tala clandestina

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El gobierno provincial decidió tomar la iniciativa frente al creciente deterioro del bosque nativo por la extracción ilegal de madera y convocó a los propietarios, al municipio de Bariloche, la UNC y las fuerzas de seguridad a fin de coordinar acciones para evitar la depredación.

Aún así, no quedó del todo claro qué clase de esfuerzo está dispuesto a comprometer la provincia, ya que escasean las definiciones concretas en el punto que los ambientalistas reclaman y los expertos aconsejan desde hace tiempo: un incremento urgente de los recursos para prevenir y fiscalizar. El subsecretario de Producción y Recursos Naturales, Humberto Iglesias, y el director provincial de Bosques, Juan Carlos Baffoni, viajaron a esta ciudad para reunirse con el responsable local del Servicio Forestal Andino y con representantes del municipio y la UNC.

Del encuentro, realizado el martes último, participaron también varios titulares de tierras en el cerro Otto, como Diego Fenoglio, Roberto Stella y el Ejército.

La preocupación surgió por la detección reciente de numerosas talas clandestinas de cipreses y otros árboles nativos en las laderas Sur y Este del cerro Otto. Los autores serían vecinos de los barrios cercanos y que utilizan camiones precarios o carros con caballos para retirar los rollizos. Según el delegado local del Servicio Forestal Andino, Germán Fritz, «está claro que hay una motivación social» detrás del robo de madera. Pero indicó que, por el tipo de extracción realizada, los furtivos no buscan leña de consumo propio sino que actúan al servicio de comercializadores en gran escala.

Iglesias señaló que el organismo a su cargo se propuso «fortalecer» la estructura de control del SFA en Bariloche, que actualmente sólo tien un vehículo y cuatro empleados.

El funcionario habló de incorporar otro rodado, disponibilidad de combustible y personal adicional, que se incorporaría en forma condicional y con aportes de otros organismos, entre ellos el municipio.

Pero cuando este diario quiso más precisiones, Iglesias dejó entrever una incertidumbre que se deriva seguramente del recorte que sufrió el presupuesto del ministerio de Producción en el proyecto que trata la Legislatura. En los hechos, no está asegurado siquiera que el SFA recupere la operatividad que tenía hace unos 10 años y duplicaba a la actual.

Explicó también que otras «líneas de acción» a instrumentar apuntan a «cortar la cadena de comercialización», mediante un control estricto de los aserraderos y la sanción severa de los infractores. También se propusieron coordinar las tareas de patrullaje preventivo con la Gendarmería y la Policía en las zonas más expuestas. El Ejército se ocuparía de vigilar su propio predio, que tiene unas 400 hectáreas y es hasta hoy uno de los mejor preservados.