Quieren que se investigue qué sucedió en Bariloche

VIEDMA (AV).- Los bloques del justicialismo y del Foro Rionegrino presentaron un proyecto legislativo para la creación de una comisión de investigación sobre “la responsabilidad política” de los funcionarios del Poder Ejecutivo en los hechos del 17 de junio en Bariloche. En sus fundamentos, la iniciativa se sustenta en las “serias contradicciones y profundas dudas” generadas del informe legislativo del ministro de Gobierno, Diego Larreguy. Según el proyecto, se establece un plazo de 60 días para que la Comisión evalúe lo ocurrido y “se expida a través de un dictamen”, el cual “podrá ser incorporado como prueba en un trámite de juicio político derivado de la investigación”. En el texto parlamentario, las bancadas del PJ y del Foro -que presiden Ademar Rodríguez y Luis Bardeggia- plantean la “creación de una Comisión Especial” para la investigación “de la responsabilidad política” de los funcionarios del gobierno de Miguel Saiz en los sucesos “con posterioridad a la muerte de Diego Bonefoi”. En ese sentido, el justicialista Pedro Pesatti expresó que “se trata de ejercer una las funciones naturales” de la Legislatura, “poniendo en práctica una valiosa herramienta” de la Constitución Provincial, como la creación de una “comisión que pueda investigar y esclarecer cómo se llegó al penoso resultado de tres jóvenes muertos, dos de ellos en un claro marco de represión de la protesta social.” Cadena de responsabilidades También, Pesatti afirmó que “lo último que pretendemos es que la cadena de responsabilidades se cierre en la Policía, propósito que viene alentando el propio gobierno”. Ese objetivo -según el legislador- es “que los responsables de conducir políticamente a la fuerza deban pagar por sus responsabilidades y los crímenes que se cometieron.” Por su parte, otro firmante justicialista, Carlos Peralta, precisó que “se equivoca el gobernador cuando pretende que sea la justicia penal la que determine responsabilidades políticas”. Explicó que se incentiva la comisión para que “desde la esfera política-institucional” se pueda “explicar a los ciudadanos qué fue lo que sucedió y qué funcionarios son políticamente responsables, ya sea por su acción o por su omisión.”