Quiroga, el pasajero
El intendente de la ciudad ya no pisa los estribos de los colectivos. Tiene la llave para fijar el precio del boleto. Enfrenta una polémica.
Quiroga, el pasajero
El intendente de la ciudad ya no pisa los estribos de los colectivos. Tiene la llave para fijar el precio del boleto. Enfrenta una polémica.
Al promediar la década del 90 era posible encontrar a Horacio Quiroga arriba de un colectivo. Tal vez no tenía categoría de pasajero frecuente, pero el intendente de la ciudad de Neuquén solía compartir con los vecinos de a pie la incomodidad de un servicio cuya calidad siempre fue objeto de críticas.
Aquel Quiroga que se movilizaba en el medio del transporte más popular aún no había logrado su primer triunfo en la intendencia ni tampoco sabía que iba a sufrir dos derrotas como candidato a gobernador.
El Quiroga actual ya no pisa los estribos de los colectivos pero es el que tiene la llave para fijar el precio de la tarifa. Esta semana quedó atrapado en una fuerte polémica por el último aumento del precio del boleto. La difusión de datos parciales de una auditoría que efectuó la Universidad Nacional del Comahue sobre el funcionamiento del servicio generó una reacción en cadena por el modo en que la gestión manejó este tema. Concejales de la oposición criticaron al intendente y también intervino con una mirada áspera la Defensoría del Pueblo.
Podría ser menos relevante el ocultamiento por parte del Municipio de aspectos centrales del voluminoso trabajo de investigación de la UNC, si no fuera que las autoridades esperaron las conclusiones del informe para consumar el último aumento del boleto que, en la sección más utilizada, saltó de 7,50 a 9,95 pesos.
El debate de la ciudad tuvo otro ingrediente irritante: el nuevo valor del boleto lo fijó el Ejecutivo municipal sin pasar por el Concejo Deliberante. Es una facultad que se reservó Quiroga por ordenanza el año pasado, aprobada antes del cambio de composición del cuerpo legislativo, que le sirve para esquivar la discusión y miradas diferentes, justo en un tema que irradia consecuencias sobre gran parte de la población.
El servicio monopólico del transporte en la capital lo inició el exintendente del MPN Luis “Chito” Jalil. Desmontó junto con la integración del Concejo Deliberante que correspondió a su gestión, un esquema de cuatro empresas, algunas de origen familiar. El 1 de diciembre de 1998 Indalo hizo su debut en las calles con sus unidades de color rojo, mientras que la jornada anterior se despidieron los ya desgastados colectivos de las compañías El Ñandú, Gonzomar, Lanín y Cono Sur.
Indalo, la empresa de Cristóbal López, renovó su contrato en el 2011, pero al año siguiente y por aplicación de la ley de Medios, transfirió el negocio a Autobuses Santa Fe, que tiene licencia hasta el 2021.
El año pasado el intendente le dio lugar a otro jugador, la empresa Pehuenche, a la que ya le otorgó dos ramales con proyección de otros tres recorridos para este año.
En la auditoría de la UNC intervienen especialistas de diferentes facultades. El trabajo de casi 250 páginas es una radiografía de la empresa y del servicio que brinda en la ciudad. El resultado muestra más sombras que luces y, en evaluaciones como la estructura de costos –el método que define el precio del boleto–, contiene más de una decena de observaciones que, de tenerse en cuenta, podrían incidir sobre el resultado final.
La auditoría contable monitorea los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y dice que en ese período los ingresos propios de la compañía crecieron un 29%, mientras que los aportes vía subsidios de Nación y del Municipio lo hicieron un 199%. También menciona que desde el 2013 Indalo funciona con patrimonio neto negativo. Esto significa que al menos desde entonces sus socios no invirtieron recursos propios en la compañía.
En el trienio mencionado, Indalo transfirió a sus accionistas en concepto de “retiros” más de 34 millones de pesos. Es un monto que, según el trabajo de la UNC, representa a casi la mitad de los activos de la empresa y alcanzaría para cancelar anticipadamente préstamos y planes de pago de deudas contraídas con el sistema de seguridad social.
