Ratifican condenas por crímenes de la dictadura en la región

CENTENARIO (ACE).- La sala IV de Casación Penal confirmó la condena de los jueces Orlando Coscia, Eugenio Kromm y Oscar Albrieu en 2008, cuando enjuiciaron a los jefes militares y de inteligencia en el Alto Valle por delitos de lesa humanidad, tras el juicio en el que se debatieron los 17 casos de secuestros, torturas y la desaparición de Oscar Ragni. La sentencia la firmaron los vocales Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. En su fallo, rechazaron los recursos de casación de las defensas de varios de los condenados contra el fallo del TOF neuquino. Borinsky, presidente del tribunal y voto inicial, ratificó los conceptos vertidos en la sentencia respecto a los delitos cometidos como de lesa humanidad e imprescriptibles tanto los secuestros (detenciones ilegales agravadas), como las torturas (tormentos agravados) ocurridos en 1976 en el Alto Valle contra 17 personas, una de ellas desaparecida, y reafirmó que fue probado un plan “criminal” sistemático y clandestino de represión. Rechazó como lo había hecho el tribunal neuquino, los planteos que alegaban obediencia debida y confirmó que los condenados conformaron lo que jurídicamente se conoce como “asociación ilícita” para cometer el “plan criminal (…) so pretexto de combatir la subversión”. Ratificaron también los años impuestos como pena para cada imputado. En 2.008 fueron condenados a 25 años de prisión tanto el jefe del Batallón 181 donde funcionó el centro clandestino “La Escuelita”, Enrique Braulio Olea; como el jefe de Inteligencia del Comando, Oscar Lorenzo Reinhold y 25 años también se le consignó al jefe del destacamento de Inteligencia, Mario Alberto Gómez Arenas; quienes cumplen la condena en prisión domiciliaria porque superan los 70 años. En el caso de Luis Farías Barrera, jefe de Personal del Comando y encargado de llevar un registro de los detenidos y de atender a los familiares, la condena fue cifrada en 22 años, también de cumplimiento en su vivienda de Alta Barda. El jefe de Sanidad, el médico militar Hilarión Sosa, fue condenado a 20 años de prisión -que cumple en su domicilio-; mientras que los integrantes del destacamento de Inteligencia, Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra, recibieron como pena 21 años de prisión que cumplen desde 2.008 en el penal de Marcos Paz. En el caso del suboficial de Inteligencia, Francisco Oviedo, la condena ratificada por Casación, alcanzó a los 7 años -que cumple en domiciliaria de su casa en Cipolletti- ya que fue acusado sólo por un caso de secuestro y tortura. Los jueces de Casación rechazaron el planteo que les hizo el imputado Molina Ezcurra de no reconocer la Justicia Civil como la jurisdicción para su juzgamiento; y consideraron necesario “recordar” la “exclusión de la jurisdicción militar para juzgar” delitos de lesa humanidad como los que se trataron en este sentencia recurrida.