Ratificaron las denuncias contra Mazzaglia

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los seis empleados que acusaron al defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia, por maltratos y acoso laboral ratificaron ayer sus denuncias ante los concejales de la comisión investigadora, en una extensa ronda de declaraciones testimoniales. El inicio de la investigación administrativa, sustanciada por los presidentes de bloques y la asesora Legal del Concejo, se desarrolló en la más estricta reserva, no obstante lo cual trascendió que todas las denunciantes confirmaron sus acusaciones. También se supo que el área de Medicina Laboral municipal, que encuadró las conductas denunciadas en las figuras de maltrato y acoso laboral, identificó a Mazzaglia como el responsable de los agravios en la ampliación del informe preliminar. El defensor será llamado para que brinde su versión de los hechos entre martes y miércoles, tras lo cual los ediles resolverán si adoptan alguna medida preventiva como la separación del cargo prevista por la ordenanza de Violencia Laboral. Las denuncias contra Mazzaglia afectaron institucionalmente a la Defensoría, cuyo funcionamiento se ve menguado, además, por las licencias otorgadas a los empleados involucrados en los episodios de mobbing. De hecho esta semana los recicladores rechazaron la mediación de la Defensoría por la determinación de mantener un diálogo directo con el intendente y “por todas las críticas que está recibiendo Vicente (Mazzaglia) que no queremos sumarle además nuestras quejas” explicó la titular de la ARB, Zulema Morales. A los seis denunciantes que brindaron sus testimonios ayer se sumará la declaración de dos ex empleadas que habrían renunciado a la repartición tras sufrir situación de acoso laboral similares. Los damnificados anticiparon ayer su intención de recurrir al Inadi y a otros organismos protectores de los derechos humanos mientras evalúan la realización de una presentación judicial. Si las denuncias de maltrato y acoso laboral quedan debidamente fundamentadas Mazzaglia podría enfrentar el proceso de destitución regulado por el artículo 154 de la Carta Orgánica, que prevé el mismo tratamiento para el defensor del Pueblo que para el resto de los cargos electivos del gobierno.