Raúl Castells, condenado pero libre

El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, Raúl Castells, fue condenado ayer a 2 años de prisión efectiva como autor del delito de coacción contra un supermercado de Avellaneda y fue absuelto de las acusaciones de extorsión contra otro de Banfield, según resolvió el Tribunal Criminal 3 de Lomas de Zamora.

Sin embargo, el dirigente -que estuvo detenido desde el 29 de noviembre pasado- recuperó ayer su libertad luego de que la Justicia decidiera dejar sin efecto su detención y quitarle la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos mientras estuvo arrestado en su casa.

Castells, no obstante, convocó ayer mismo -junto al líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Carlos “Perro” Santillán- a jubilados y desocupados a pedir alimentos al gobierno el próximo domingo, en vísperas de Navidad, y en caso de no obtenerlos, a marchar hacia los supermercados.

El fallo que condenó al dirigente jubilado fue criticado con dureza por Santillán y los sindicalistas de la CGT disidente, Hugo Moyano y Julio Piumato.

Pasado el mediodía de ayer, cuando cientos de manifestantes aguardaban frente a los Tribunales con banderas y pancartas la sentencia a Castells, se leyó la resolución judicial que le permitió al dirigente recuperar su libertad (ya había cumplido más de los dos tercios de su condena antes del juicio).

En forma unánime los jueces Jorge Camino, Guillermo Rolón y Rafael Villamayor absolvieron a Castells en la causa iniciada por el supermercado Disco de Bánfield, porque no se pudo probar que fuese él quien lideraba a las 150 personas que en marzo del ’97 se congregaron en el local para pedir comida.

Del mismo modo, los jueces condenaron a Castells a dos años de prisión efectiva -de los cuales ya había cumplido en su domicilio 23 meses, controlado por una tobillera electrónica- por el delito de “coacción” que cometió el 23 de diciembre de 1998 cuando fue a pedir con más de 300 personas comida a la sucursal Avellaneda de la cadena Wal Mart. Al determinar que se trataba de una “coacción”, los jueces indicaron que el bien jurídico que se protegía era la libertad, dado que el dirigente profería diversas amenazas por megáfono y en diálogo con directivos del supermercado para ocupar el sitio. El tribunal también indicó que la ilicitud radicaba “en el modo de exigir” y no en el reclamo en sí.

Castells dijo que de no encontrar respuesta, el reclamo se extenderá “a los grandes grupos económicos y supermercados internacionales que son corresponsables de las penurias que pasa nuestro pueblo”. (DyN)