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Como diría Bertrand Russell, “es más fácil conservar que cambiar”, pues quien propugna algún cambio debe estar dotado de la imaginación suficiente para bosquejar algo nuevo y anhelado. Pero todo es más sencillo cuando preservar es desconocer las necesidades actuales de la sociedad, como sucede con la administración de justicia, ámbito en el cual conservar es sinónimo de consolidar y acentuar el descrédito colectivo hacia uno de los poderes indispensables del Estado. Cuando la preservación sólo sirve al irrazonable continuismo, aprovechar cualquier herramienta que sirva a tal propósito se vuelve instintivamente una necesidad; la conservación así concebida no trasunta en el orden sino en el desorden y la desesperación: sabido es que en este contexto no suelen garantizarse los equilibrios mínimos indispensables y que ello termina dando rienda suelta a la reacción.

Al cabo de tantos años, evidentemente no queda margen para seguir insistiendo en transitar los sinuosos caminos de la equivocación. Ello quedó en evidencia recientemente, con dos claros intentos ideados desde el gobierno provincial, ambos respecto de un mismo organismo: ni más ni menos que aquel a cuyo cargo se encuentra la designación y remoción de los jueces y funcionarios judiciales. Su análisis convoca a la reflexión y al título propuesto.

La primera maniobra consistió en la pretendida reforma del régimen disciplinario previsto en la ley del Consejo de la Magistratura la 2.434, que buscaba artículo 6 garantizar a los magistrados de la provincia cuyo desempeño estuviese sujeto a la investigación que los respectivos sumarios en ningún caso pudieran demorar “más de 180 días” desde su inicio.

Sin perjuicio de la celeridad que merece el trámite destinado a la resolución que permite a los rionegrinos conocer las consecuencias de la conducta de los encargados de impartir justicia, la pretendida reforma, mediante la escasez de la técnica legislativa no azarosamente empleada en su redacción, tenía por destino seguro conducir a la inexorable caducidad de las futuras investigaciones de las denuncias asegurando, al mismo tiempo, el archivo de los sumarios pendientes de definición.

La innovación fue vista por la opinión pública como una amnistía encubierta y, gracias a la preocupación generalizada que supieron instalar los Familiares del Dolor, la aventura terminó en plena charla debate con una suerte de disculpa pública por parte del gobierno. Dicho encuentro reavivó el compromiso de inmediata aprobación de un proyecto de ley elaborado hace tiempo por un plenario de consejos de la magistratura en procura de que los cargos de la Justicia rionegrina sean cubiertos mediante concurso de oposición y antecedentes. Ello, como medio idóneo para desterrar el alto grado de discrecionalidad del actual sistema.

Pisoteado en su primer intento, el viejo reclamo encendió la mecha de los ideólogos de siempre y, así, la segunda intentona.

El oficialismo se enroló vertiginosamente en el reclamo de transparencia y presentó el proyecto de ley incorporando al sistema de concursos la obligatoriedad del ansiado examen de oposición. La iniciativa fue girada al Superior Tribunal de Justicia, que en la aquiescencia habitual de algunos de sus integrantes contraria al deber de principales guardianes de la salud del poder que los tiene como máximos representantes no advirtió la sutil variación perpetrada respecto de la iniciativa original del plenario.

Modificaron la valuación de las pautas que debían llevar al juicio fundado, pero sobre todo objetivo, respecto de la idoneidad de los concursantes. Sospechosa innovación que no venía sino a garantizar, discretamente, la continuidad del actual y criticado sistema de selección, en la medida en que para el aspirante a ingresar en la Justicia poseer buenos antecedentes curriculares y rendir un examen técnico-jurídico brillante poco habrían de garantizar sin el ineludible y condicionado espaldarazo de la mayoría de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Puro maquillaje.

Su apresurada presentación tenía otra intención, no menos nociva que la anterior: lograr posponer los concursos previstos en las distintas jurisdicciones con el afán de aplicar el inmejorable sistema convertido en ley, sin importar, con ello, la acentuación del colapso de nuestra Justicia ni las expectativas, el tiempo y el esfuerzo de quienes por entonces contaban con la participación formalizada inscripción.   

La maniobra tomó estado público con la importante determinación del Colegio de Abogados que, criteriosamente, sujetó el voto de sus integrantes en el Consejo de la Magistratura a las resultas de un examen escrito del que voluntariamente se invitó a participar a todos los aspirantes. Tal fue la aceptación de la convocatoria que, aunque no prevista en la actual redacción de la ley 2.434 y por ello no vinculante en lo formal, fue tomada como un compromiso moral inesquivable por la casi totalidad de los aspirantes.

Sin márgenes para maniobrar, nuevamente se patentizó la debacle total de las aspiraciones del gobierno y, como si ello fuera poco, la selección de los futuros magistrados y funcionarios de la segunda circunscripción coincidió en su mayoría con el orden de mérito de aquel examen cuya legitimidad ética sirvió para sujetar el sentido común el más común de los sentidos de la mayoría de los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Estos frustrados intentos en pos de la conservación a la que aludí al inicio no sólo nos muestran las herramientas de las que pretenden valerse; vienen asimismo a reafirmar una vez más que el compromiso y la participación responsable de los distintos sectores de la comunidad, en punto al ideario colectivo de la necesidad urgente de asegurar un mejor servicio de justicia para todos los rionegrinos la reacción, pudieron más que las desesperadas necesidades políticas de algunos.

Vayan por la presente mis saludos y felicitaciones a todos los empleados judiciales de la provincia y a los actuales funcionarios que aún comparten con la mayoría de los rionegrinos el anhelo de una Justicia mejor; a los que aún les duele el dolor del otro como el propio y que sienten que nuestra crisis no sería tan grave si tan sólo fuese económica, a los que están convencidos de que la viveza de algunos se transformó en el mal de todos y a los que se cansaron de prolongar la agonía y la consecuente e inexorable decisión.

MARTÍN IGNACIO SORIA (*)

Especial para “Río Negro”

(*) Relator judicial y legislador rionegrino electo


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