Rechazan otorgar a ex-represores el beneficio del “dos por uno”

La decisión de la Corte Suprema de declarar aplicable el beneficio del 2×1 para los años de prisión sin condena en un caso de delito de lesa humanidad despertó, además del repudio mayoritario del arco político y de los organismos de derechos humanos, el comienzo de una posible catarata de pedidos de ex-represores para que apliquen el beneficio en sus casos. Ayer, fueron rechazados los primeros dos pedidos: El Tribunal Oral Federal N°5 le negó la excarcelación al coronel apropiador Héctor Giribone y al ex médico de la Armada Jorge Magnacco. Comenzaron además las protestas, con un escrache en Tribunales, y habrá marchas en las próxima semana contra el fallo.

Giribone fue condenado en 2014 a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de la identidad del hijo de desaparecidos Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto recuperado 106. El ex militar reclamó rápidamente el beneficio del 2×1.

Por su parte, también la defensa oficial de Magnacco, que cumple condena de 15 años por robo de bebés, pidió al TOF5 que aplique el beneficio y lo de la libertad condicional. Magnacco operó como médico obstetra en la ESMA.

El TOF5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott, resolvió rechazar de forma unánime los planteos, primero de Giribone y luego de Magnacco, por distintos argumentos técnicos. Por ejemplo, que los condenados no cumplieron los dos años de prisión preventiva requeridos para solicitar el beneficio. Pero, como destacado, los jueces recordaron que “las sentencias de la Corte tienen para los demás tribunales un valor no vinculante” y que la Constitución “en modo alguno dispone expresamente” la obligatoriedad de los precedentes del máximo tribunal.

La lista de represores que solicitaron el beneficio no termina allí. Juan Antonio Azic pidió que se recalcule su pena ayer. El ex prefecto fue condenado en 2012 a 14 años de prisión por la apropiación de la diputada Victoria Donda Pérez. También a diez años en 2014 por la apropiación de Laura Ruiz Dameri y a 18 años en 2011 por el secuestro, desaparición y torturas a tres detenidos en el Centro Clandestino de Detención ESMA. Hace dos meses se le concedió el arresto domiciliario por salud.

A sus pedidos se suman los de Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos y del apropiador Víctor Gallo.

El martes, la Corte declaró aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura en Buenos Aires. El beneficio garantiza dos años prisión por cada uno cumplido sin condena, a partir de los dos años de prisión preventiva.

El fallo despertó un fuerte repudio de los organismos de derechos humanos y de la mayor parte del mundo político. Desde sectores de la oposición se acusó al gobierno de estar detrás de la decisión de la Corte. El Ejecutivo, sin criticar a los jueces, tomó distancia y cuestionó el fallo a través de su ministro de Justicia, Germán Garavano.

Ayer comenzaron también las marchas. Un grupo de manifestantes del MST realizó una breve protesta en el Palacio de Tribunales contra la decisión del máximo Tribunal. Un centenar de manifestantes exhibieron pancartas contra los jueces y pidieron “ni impunidad ni reconciliación”.

Los organismos de DD. HH. protestarán divididos. El miércoles próximo, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, HIJOS, entre otras agrupaciones, realizarán una movilización de repudio frente al Palacio de Justicia en Capital Federal.

Al día siguiente, la agrupación “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” marchará del Congreso a Plaza de Mayo bajo la consigna de luchar “contra la represión y la impunidad”.

Detienen a un coronel que pidió asilo vaticano

Detuvieron ayer al militar retirado que esta semana solicitó asilo en la Nunciatura Apostólica. Se trata del coronel Guillermo Nani, sospechado de haber cometido delitos de lesa humanidad, que quedó detenido en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Nani estuvo asignado en el Grupo de Artillería 601 de Mar del Plata durante la década del 70, en los 80 combatió en la guerra de Malvinas y en 1989 participó en la recuperación del cuartel de La Tablada, ocasión en la que perdió el ojo derecho por un disparo, por lo que luce un parche negro.

“Se presentó espontáneamente porque nos enteramos de que había una orden de detención. Y como no lo vinieron a buscar a su casa, vinimos a Mar del Plata y se entregó”, explicó ayer su abogado en declaraciones a radio Belgrano.

El martes el militar solicitó por carta asilo en la Nunciatura Apostólica, pero finalmente no obtuvo respuesta de la representación diplomática de la Santa Sede.