Rechazo al freno de la Corte Suprema

Gil Lavedra y Alvarez opinan que la justicia militar no es competente. Duras críticas de organismos defensores de derechos humanos. Bagnasco confirmó que remitirá el expediente al máximo tribunal.

  El vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra coincidieron ayer en que las causas de robo de bebés durante la última dictadura deben quedar bajo la órbita de la «justicia civil», al tiempo que se pronunciaron en favor de una pronta resolución del tema para que estos casos puedan seguir su «trámite normal».

Desde el lunes, la Corte Suprema de Justicia tomó intervención en las causas por el robo de bebés so pretexto de un problema de competencia sobre las causas mencionadas. El máximo tribunal deberá decidir si éstas pasan o no a la justicia militar, ante un planteo de apelación presentado por un tribunal castrense. Hasta que la Corte se expida, la tramitación de las causas contra ex represores en juzgados civiles quedan suspendidas.

Al ingresar a la Casa Rosada, Alvarez negó que exista una «complicidad del gobierno» para que la Corte decida sobre los casos de robo de niños durante la dictadura y dijo estar «convencido» de que esas causas deben estar bajo competencia «de la justicia ordinaria».

El vicepresidente Alvarez sostuvo que las causas por el robo de niños «debe seguir absolutamente hasta esclarecer todos los hechos» porque -afirmó- «no se puede tolerar en la Argentina que se cierre el capítulo de robo de bebés que es en un hecho absolutamente injustificable».

Por estas causas están presos nueve ex jefes militares, entre ellos, Videla, Massera, Bignone, Suárez Mason y Nicolaides, entre otros.

Gil Lavedra opinó que la Corte fallará finalmente «en favor de la justicia civil». El ministro afirmó que «hay una Comisión Interamericana de Desaparición Forzosa de Personas que excluye expresamente a la competencia militar para este tipo de hechos y que ésto tiene jerarquía constitucional».

Asimismo, el ministro de Justicia de la nación reconoció que puede que se dé «cierta demora» hasta que la Corte se expida finalmente sobre esta cuestión, pero expresó su confianza en que la resolución se producirá «rápidamente para que pueda seguir la causa su trámite normal».

El rechazo más taxativo provino, indudablemente, de los Organismos de Derechos Humanos quienes cuestionaron el pedido de la Corte Suprema de Justicia.

Adolfo Pérez Esquivel manifestó a este diario que la decisión de la Corte es «sumamente preocupante. Esto de sacar las causas de los niños (apropiados ilegalmente) de los juzgados de Bagnasco y de Servini de Cubría pone en claro que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sólo busca frenar el desfile de militares por los tribunales, con la connivencia de la Corte Suprema de Justicia».

Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que «es una muy mala noticia, es como un mazazo porque la parálisis de la consecución de estas causas es la parálisis de lo poco que nos quedaba para dilucidar: qué pasó con nuestros nietos». Se preguntó que «si ya hay antecedentes de que ellos no tienen jerarquía para hacer este tipo de juzgamiento por qué se permite el avance», y agregó que alguien «tendría que haberles dicho que esa pretensión es ridícula». En ese sentido apuntó que esa sugerencia podría haberla hecho de la Rúa.

El juez federal Adolfo Bagnasco confirmó que remitirá en los próximos días a la Corte Suprema la causa por el robo de bebés. (Télam, DyN, AR)

Denuncian al gobierno

Los organismos de derechos humanos denunciarán hoy ante la Comisión Interamericana la violación de parte del gobierno del compromiso asumido en el «caso Lapacó», que le dio a los juzgados federales competencia para juzgar a implicados en desapariciones de personas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó en un comunicado, que en ese acuerdo «el Estado se obligó a mantener los juicios por la verdad en las Cámaras Federales de todo el país y a mantener los juicios por apropiación de menores y sustracción de identidad en los juzgados federales de primera instancia».

Opinó que «desde fines de 1999 los militares han iniciado un sostenido avance sobre el poder político, con el fin de evitar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente». El CELS consideró que «las manifestaciones de los funcionarios del gobierno han apoyado en reiteradas oportunidades las pretensiones militares». (Télam)

Demanda al Reino Unido

Los abogados que representan a parientes de soldados muertos en el hundimiento del crucero General Belgrano, durante la guerra por las islas Malvinas, reclamarán al presidente Fernando de la Rúa que denuncie al Reino Unido por «crimen de guerra» ante el Tribunal de La Haya.

El anuncio fue hecho ayer por el letrado Humberto Appiani, quien aclaró que recién en 45 días se sabrá si la Corte Europea de Derechos Humanos acepta una demanda contra el gobierno británico por «violación del derecho a la vida».

«Nuestro objetivo es que el Presidente asuma como propios los intereses de las víctimas del Belgrano y estimamos que dentro de 30 a 45 días vamos a hacer una solicitud formal ante el Poder Ejecutivo para que denuncie a Gran Bretaña ante el Tribunal Permanente Internacional de Justicia de La Haya por crimen de guerra y crimen contra la paz», señaló el abogado.

Appiani y su colega Jorge Olivera representan a los padres de dos infantes de marina muertos en el crucero Belgrano.

En tanto, tres jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deben decidir hoy si admiten a trámite la denuncia cursada contra el Reino Unido por familiares de los más de 300 marinos argentinos muertos en el hundimiento del acorazado «General Belgrano» durante la Guerra de las Malvinas. Una portavoz del Tribunal de Estrasburgo declaró ayer que por ahora no se ha tomado una decisión, contrariamente a los rumores que circularon ayer de que la denuncia por «violación del derecho a la vida» había sido aceptada a trámite. (Infosic, EFE)


  El vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra coincidieron ayer en que las causas de robo de bebés durante la última dictadura deben quedar bajo la órbita de la "justicia civil", al tiempo que se pronunciaron en favor de una pronta resolución del tema para que estos casos puedan seguir su "trámite normal".

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