Reclaman que se cumpla una ley sobre detenidos

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- Un ex interno de la cárcel local continúa su prédica y lucha para que el gobierno provincial cumpla con la letra y los objetivos de la Ley 3228, que garantiza un cupo laboral en las empresas o sociedades del Estado para los internos de alcaidías o cárceles provinciales que se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de su pena.

En respuesta a una solicitud del camarista Miguel Angel Lara, el secretario de Política Criminal del ministerio de Gobierno, Santiago Ibarrolaza, informó sobre la tardía creación de un registro de condenados en condiciones de acceder al beneficio, pero también reconoció que no obtuvo respuesta a los requerimientos cursados al secretario de Obras y Servicios Públicos y al secretario de Control de Gestión de empresas Públicas.

En mayo de 2008, Juan Manuel Pappalardo, quien gozaba de libertad condicional, presentó un amparo e invocó la ley que garantiza un 5% de los contratos en las obras y servicios públicos y empresas del Estado para quienes transitan la última etapa de su pena o tratamiento penitenciario, pero el Superior Tribunal de Justicia lo rechazó por presunta falta de legitimación del amparista, porque se trataría de un mandamus y no un amparo, y porque «el planteo carece de los extremos indispensables».

No obstante, el fallo hizo saber a los jueces Correccionales y a las Cámaras del Crimen de la provincia que debían dar operatividad a la ley invocada en el ámbito de su competencia, y ordenó librar oficios a los tribunales colegiados de Superintendencia Penal de las cuatro circunscripciones judiciales.

La Ley invocada por Pappalardo es la 3228 y está referida a la utilización de mano de obra para la ejecución de obras y servicios públicos con fondos nacionales o provinciales, pues indica que se debe asignar un cupo no inferior al 5% de las personas contratadas a quienes se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaidías del territorio provincial, o haya sido liberado de las mismas por agotamiento de la pena.

Expresó que la ley es ignorada por los tribunales locales, que ningún interno gozó de esos beneficios y el poder político nunca anotició a los penados de su contenido y que incluso el Patronato de Presos y Liberados local parecía desconocer esa norma.

Después se presentó ante Lara y logró movilizar en parte a las instituciones involucradas en la ley, pero sabe que todavía el beneficio es ilusorio, y denuncia que la indiferencia estatal «va dejando un tendal de reincidentes entre quienes no encuentran trabajo después de cumplir su pena».