Reconocen errores en la intervención policial para frenar desmanes
La secretaria de Seguridad de Río Negro admitió falencias de la policía en los sucesos vandálicos del domingo. La Justicia se sumó al debate por la seguridad.
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La secretaria de Seguridad y Justicia de la provincia, Martha Arriola, reconoció ayer que “hubo acciones que no se tomaron” por parte de la Policía para desactivar los desmanes que provocaron un grupo de jóvenes y adolescentes en el límite entre los barrios Arrayanes y Boris Furman.
Admitió que el personal del grupo especial COER, de la Policía rionegrina, tardó más de una hora en intervenir en forma directa. Y aceptó que tampoco el personal policial de la Comisaría 28 dispuso un corte de las calles adyacentes al lugar donde se desarrollaban los disturbios.
Arriola se reunió con la intendenta María Eugenia Martini para evaluar la situación tras los hechos de vandalismo que sucedieron el domingo por la mañana, cuando alrededor de veinte jóvenes y adolescentes agredieron a dos remiseros y además incendiaron un remís. También rompieron vidrios de la Escuela 310 del barrio Arrayanes, destrozaron vidrios de un colectivo de la empresa 3 de Mayo, entre otros desmanes.
Los incidentes causaron fuerte indignación entre los remiseros y taxistas que reclamaron el lunes respuestas al Poder Judicial y a la intendenta, quien focalizó las críticas hacia jueces y fiscales porque no ponen la cara ante este tipo de hechos violentos.
Martini se trasladó el lunes al mediodía, junto con remiseros y taxistas, hasta el edificio de Tribunales, donde se reunión con el fiscal Guillermo Lista, para reclamar compromiso de los magistrados y funcionarios judiciales. También, exigió que no liberen a los dos detenidos vinculados con los desmanes.
Arriola explicó que la reunión de ayer en la Municipalidad tuvo como objetivo fortalecer el trabajo de coordinación y articulación del plan de seguridad para la ciudad. Señaló que participaron funcionarios municipales, el comisario Adrián Pallalef, a cargo de la Unidad Regional Tercera, los jueces Silvia Baquero Lazcano y Héctor Leguizamón Pondal, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, remiseros, taxistas, referentes de la UTA y del Consejo de Seguridad local.
Sostuvo que “la idea es retomar con intensidad el trabajo entre Provincia y municipio”. La funcionaria provincial reconoció que el COER no tenía móvil disponible, pero había otros patrulleros para que se trasladaran hasta el lugar de los incidentes. Por eso, admitió que “hubo una desinteligencia”.
El secretario de Gobierno municipal, Alejo Arias, dijo ayer durante la reunión se plantearon las problemáticas que tienen que ver con el accionar de la justicia, la demora de la Policía en intervenir y que los detenidos no sean liberados. Señaló que reclamaron reforzar la cantidad de personal policial después de que finaliza la temporada. Arriola dijo que a finales de este año unos 300 egresados de la Escuela de Policía cumplirán funciones en Bariloche.
Dijo que pidieron dotar de movilidad al COER y reubicarlo en un lugar más cerca, porque ahora tiene su base de operaciones en el barrio San Francisco I.
DeBariloche
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