Reforma política

El Partido Justicialista ha presentado al pueblo de Río Negro su propuesta de reforma política (ver www.reformapolitica.rionegro.gov.ar), entendida como Reforma Integral del Estado. Se propone la construcción colectiva de una nueva institucionalidad -normas y organismos- del Estado rionegrino a partir de una profunda transformación estructural de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de la relación provincia/municipios.

El Partido Justicialista ha presentado al pueblo de Río Negro su propuesta de reforma política (ver www.reformapolitica.rionegro.gov.ar), entendida como Reforma Integral del Estado. Se propone la construcción colectiva de una nueva institucionalidad -normas y organismos- del Estado rionegrino a partir de una profunda transformación estructural de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de la relación provincia/municipios.

Las instituciones de la provincia no han sido revisadas ni actualizadas por casi tres décadas. La desactualización y falta de respuesta a los acuciantes problemas que hoy vive la sociedad rionegrina son evidentes. A fin ilustrativo, respecto del Poder Ejecutivo: (I) para el fomento de la producción y la generación de empleo las agencias del CREAR y la unidad ejecutora del préstamo BID operan en forma separada; más aún, esta última tiene sus oficinas en Buenos Aires; (II) la crisis del sistema de salud se asume sin vergüenza y se carece de un plan articulador del sector; (III) la desarticulación del sistema educativo es total, no se contempla la educación continua y la vinculación entre la universidad nacional y la educación superior universitaria a cargo de la provincia es prácticamente inexistente y (IV) el Estado carece de un sistema de planificación integral que diseñe un proyecto de provincia de mediano plazo en el que se encuadren de manera armónica el conjunto de las políticas y acciones de los gobiernos municipales y provincial.

Las instituciones de la provincia no han sido revisadas ni actualizadas por casi tres décadas. La desactualización y falta de respuesta a los acuciantes problemas que hoy vive la sociedad rionegrina son evidentes. A fin ilustrativo, respecto del Poder Ejecutivo: (I) para el fomento de la producción y la generación de empleo las agencias del CREAR y la unidad ejecutora del préstamo BID operan en forma separada; más aún, esta última tiene sus oficinas en Buenos Aires; (II) la crisis del sistema de salud se asume sin vergüenza y se carece de un plan articulador del sector; (III) la desarticulación del sistema educativo es total, no se contempla la educación continua y la vinculación entre la universidad nacional y la educación superior universitaria a cargo de la provincia es prácticamente inexistente y (IV) el Estado carece de un sistema de planificación integral que diseñe un proyecto de provincia de mediano plazo en el que se encuadren de manera armónica el conjunto de las políticas y acciones de los gobiernos municipales y provincial.

En relación con el Poder Legislativo, el funcionamiento de la Legislatura responde a prácticas hegemónicas del partido de gobierno que con sólo el 32,6% de los votos tiene el 56% de las bancas. Ni una sola de las comisiones de trabajo es coordinada por legisladores de la oposición. La mayoría absoluta trata las iniciativas legislativas de la oposición cuando les conviene o no tienen otra alternativa. Por ejemplo, los proyectos legislativos de las minorías sobre la reforma política duermen en los cajones de los escritorios de los presidentes radicales de las comisiones. La Legislatura está en deuda con la ciudadanía rionegrina en la reglamentación de los mecanismos de consulta popular establecidos por la Constitución provincial hace 16 años y todavía están pendientes las leyes sobre regionalización y sistema de planificación provincial, entre otras cuestiones.

En relación con el Poder Legislativo, el funcionamiento de la Legislatura responde a prácticas hegemónicas del partido de gobierno que con sólo el 32,6% de los votos tiene el 56% de las bancas. Ni una sola de las comisiones de trabajo es coordinada por legisladores de la oposición. La mayoría absoluta trata las iniciativas legislativas de la oposición cuando les conviene o no tienen otra alternativa. Por ejemplo, los proyectos legislativos de las minorías sobre la reforma política duermen en los cajones de los escritorios de los presidentes radicales de las comisiones. La Legislatura está en deuda con la ciudadanía rionegrina en la reglamentación de los mecanismos de consulta popular establecidos por la Constitución provincial hace 16 años y todavía están pendientes las leyes sobre regionalización y sistema de planificación provincial, entre otras cuestiones.

En cuanto al Poder Judicial, el funcionamiento de los consejos de la Magistratura no ha adoptado con carácter obligatorio la realización de exámenes tomados por tribunales idóneos e independientes que revelen las capacidades y saberes especializados de los postulantes. Hoy los jueces no están obligados a fallar en tiempo y forma.

En cuanto al Poder Judicial, el funcionamiento de los consejos de la Magistratura no ha adoptado con carácter obligatorio la realización de exámenes tomados por tribunales idóneos e independientes que revelen las capacidades y saberes especializados de los postulantes. Hoy los jueces no están obligados a fallar en tiempo y forma.

En materia de los organismos de contralor externo del Estado, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no son organismos independientes del poder de turno: sus miembros pertenecen al partido político de gobierno. Los funcionarios no tienen responsabilidad patrimonial sobre sus actos.

En materia de los organismos de contralor externo del Estado, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no son organismos independientes del poder de turno: sus miembros pertenecen al partido político de gobierno. Los funcionarios no tienen responsabilidad patrimonial sobre sus actos.

Ni los organismos de control ni el Poder Judicial han sido eficaces para combatir la corrupción. Supuestos «olvidos» de los funcionarios para cobrar deudas impositivas (ej. concesionaria del cerro Catedral); prescripción de causas por inacción de la Justicia (ej. venta anticipada de regalías hidroeléctricas). Ni una sola condena por los casos de corrupción denunciados por los partidos políticos de la oposición, los medios de comunicación masiva y las ONGs.

Ni los organismos de control ni el Poder Judicial han sido eficaces para combatir la corrupción. Supuestos «olvidos» de los funcionarios para cobrar deudas impositivas (ej. concesionaria del cerro Catedral); prescripción de causas por inacción de la Justicia (ej. venta anticipada de regalías hidroeléctricas). Ni una sola condena por los casos de corrupción denunciados por los partidos políticos de la oposición, los medios de comunicación masiva y las ONGs.

La construcción de una nueva relación Estado provincial/municipios es una asignatura pendiente: los municipios asumen mayores responsabilidades, mientras que su financiamiento a través de coparticipación de los impuestos provinciales se redujo del 40% al 26,5%, y las transferencias son administradas arbitrariamente por el Poder Ejecutivo provincial.

La construcción de una nueva relación Estado provincial/municipios es una asignatura pendiente: los municipios asumen mayores responsabilidades, mientras que su financiamiento a través de coparticipación de los impuestos provinciales se redujo del 40% al 26,5%, y las transferencias son administradas arbitrariamente por el Poder Ejecutivo provincial.

La reforma integral del Estado significa transformar estructuralmente, entre otras, las áreas mencionadas. En ese marco es imprescindible la reforma del sistema electoral.

La reforma integral del Estado significa transformar estructuralmente, entre otras, las áreas mencionadas. En ese marco es imprescindible la reforma del sistema electoral.

El Partido Justicialista propone que en las próximas elecciones provinciales del 2007 los legisladores provinciales sean elegidos por un nuevo sistema, que a su vez permita también la elección de convencionales constituyentes para reformar aspectos de la Constitución provincial de 1988 previamente discutidos por el pueblo (la nueva Asamblea Legislativa no debe tener poderes ilimitados), como el aseguramiento de la autonomía política de los organismos de contralor externo del Estado, la creación de una oficina anticorrupción y la estricta selección de magistrados a través de concursos públicos abiertos y obligatorios.

El Partido Justicialista propone que en las próximas elecciones provinciales del 2007 los legisladores provinciales sean elegidos por un nuevo sistema, que a su vez permita también la elección de convencionales constituyentes para reformar aspectos de la Constitución provincial de 1988 previamente discutidos por el pueblo (la nueva Asamblea Legislativa no debe tener poderes ilimitados), como el aseguramiento de la autonomía política de los organismos de contralor externo del Estado, la creación de una oficina anticorrupción y la estricta selección de magistrados a través de concursos públicos abiertos y obligatorios.

Para contar en el 2007 con el nuevo sistema electoral es necesaria la modificación del artículo 123 de la Constitución provincial para eliminar la distorsión que prevé en favor del crecimiento indefinido de la «lista sábana». La Constitución contempla la enmienda o reforma (art. 119) de un artículo y sus concordantes por vía legislativa y su ratificación a través de un referéndum.

Para contar en el 2007 con el nuevo sistema electoral es necesaria la modificación del artículo 123 de la Constitución provincial para eliminar la distorsión que prevé en favor del crecimiento indefinido de la «lista sábana». La Constitución contempla la enmienda o reforma (art. 119) de un artículo y sus concordantes por vía legislativa y su ratificación a través de un referéndum.

Planteamos entonces la enmienda del art. 123 y la convocatoria a un referéndum que ratifique la reforma en el 2005. Con el propósito de minimizar el gasto que demande el referéndum convocado a ese efecto, proponemos que el mismo sea simultáneo con las elecciones para diputados nacionales del año próximo.

Planteamos entonces la enmienda del art. 123 y la convocatoria a un referéndum que ratifique la reforma en el 2005. Con el propósito de minimizar el gasto que demande el referéndum convocado a ese efecto, proponemos que el mismo sea simultáneo con las elecciones para diputados nacionales del año próximo.

Esta es la secuencia: (I) sanción de una ley de enmienda del artículo 123 de la Constitución, durante este año; (II) convocatoria y realización del referéndum para ratificación de la enmienda en el 2005; (III) modificación de la ley electoral 2.431, en línea con los nuevos preceptos de la enmienda constitucional, en el 2006 y, (IV) convocatoria a elecciones provinciales del 2007 y elección simultánea de convencionales constituyentes con arreglo a la nueva ley electoral.

Esta es la secuencia: (I) sanción de una ley de enmienda del artículo 123 de la Constitución, durante este año; (II) convocatoria y realización del referéndum para ratificación de la enmienda en el 2005; (III) modificación de la ley electoral 2.431, en línea con los nuevos preceptos de la enmienda constitucional, en el 2006 y, (IV) convocatoria a elecciones provinciales del 2007 y elección simultánea de convencionales constituyentes con arreglo a la nueva ley electoral.

El Partido Justicialista propone las siguientes bases para la enmienda constitucional y la modificación de la ley electoral:

El Partido Justicialista propone las siguientes bases para la enmienda constitucional y la modificación de la ley electoral:

(1) La cantidad de bancas por fuerza política deberá estar directamente relacionada con los votos obtenidos. Esto implica la aplicación del sistema D'Hont y la eliminación de la exigencia actual del 22% de los votos para lograr una banca a nivel de los circuitos electorales. No existe ningún otro mecanismo para asegurar que las minorías políticas estén representadas en el Poder Legislativo provincial. Con una Legislatura más representativa podrán desterrarse para siempre las prácticas hegemónicas y autoritarias que ya tienen más de 20 años de existencia.

(1) La cantidad de bancas por fuerza política deberá estar directamente relacionada con los votos obtenidos. Esto implica la aplicación del sistema D'Hont y la eliminación de la exigencia actual del 22% de los votos para lograr una banca a nivel de los circuitos electorales. No existe ningún otro mecanismo para asegurar que las minorías políticas estén representadas en el Poder Legislativo provincial. Con una Legislatura más representativa podrán desterrarse para siempre las prácticas hegemónicas y autoritarias que ya tienen más de 20 años de existencia.

(2) Asegurar la máxima representación de la ciudadanía y por lo tanto mantener el número de legisladores provinciales actuales. Es un error reducir la representación ciudadana para a su vez reducir el gasto político. Se reduce el gasto disminuyendo el presupuesto de la Legislatura.

(2) Asegurar la máxima representación de la ciudadanía y por lo tanto mantener el número de legisladores provinciales actuales. Es un error reducir la representación ciudadana para a su vez reducir el gasto político. Se reduce el gasto disminuyendo el presupuesto de la Legislatura.

(3) Eliminar la «lista sábana», entendida como una lista de candidatos, que por su extensión no permite al electorado la clara identificación de los postulantes.

(3) Eliminar la «lista sábana», entendida como una lista de candidatos, que por su extensión no permite al electorado la clara identificación de los postulantes.

(4) Mantener la doble representación poblacional y circuital a través del sistema unicameral adoptado por los convencionales constituyentes de 1988 e incrementar la representación circuital (incluye incluso que eventualmente en el futuro se abran y amplíe el número de circuitos) por sobre la representación poblacional.

(4) Mantener la doble representación poblacional y circuital a través del sistema unicameral adoptado por los convencionales constituyentes de 1988 e incrementar la representación circuital (incluye incluso que eventualmente en el futuro se abran y amplíe el número de circuitos) por sobre la representación poblacional.

(5) Reducir la lista de legisladores por representación poblacional a un número reconocible de candidatos. Actualmente la cantidad de legisladores por representación poblacional es de 19. De acuerdo con el último Censo de Población del 2001 y lo dispuesto por el art. 123 de la Constitución, esa representación debería ser de 25 y bajo el supuesto de un crecimiento de un 50% respecto de la población de 1991, los legisladores por representación poblacional serían 38, por lo que los legisladores en representación de los circuitos (regiones) se reducirían a 8, a razón de 1 por cada circuito electoral actual. O sea, todo lo contrario a lo que reclama la sociedad argentina.

(5) Reducir la lista de legisladores por representación poblacional a un número reconocible de candidatos. Actualmente la cantidad de legisladores por representación poblacional es de 19. De acuerdo con el último Censo de Población del 2001 y lo dispuesto por el art. 123 de la Constitución, esa representación debería ser de 25 y bajo el supuesto de un crecimiento de un 50% respecto de la población de 1991, los legisladores por representación poblacional serían 38, por lo que los legisladores en representación de los circuitos (regiones) se reducirían a 8, a razón de 1 por cada circuito electoral actual. O sea, todo lo contrario a lo que reclama la sociedad argentina.

(6) Además de las cuestiones sobre «ingeniería electoral», la reforma de la ley 2.431 debe abordar también:

(6) Además de las cuestiones sobre «ingeniería electoral», la reforma de la ley 2.431 debe abordar también:

-La reducción y el control del gasto de las campañas electorales.

-La reducción y el control del gasto de las campañas electorales.

-El acortamiento de las campañas y la penalización a los candidatos que violen el tiempo de duración establecido

-El acortamiento de las campañas y la penalización a los candidatos que violen el tiempo de duración establecido

-La supresión de las campañas publicitarias del gobierno durante los 60 días previos a la fecha de los comicios.

-La supresión de las campañas publicitarias del gobierno durante los 60 días previos a la fecha de los comicios.

-La obligación de los funcionarios políticos en ejercicio a tomar licencia cuando sean candidatos.

-La obligación de los funcionarios políticos en ejercicio a tomar licencia cuando sean candidatos.

-El control por parte de organizaciones civiles independientes de las disposiciones sobre campañas y publicidad gubernamental.

-El control por parte de organizaciones civiles independientes de las disposiciones sobre campañas y publicidad gubernamental.

-La elección de los comisionados de fomento mediante el voto directo.

-La elección de los comisionados de fomento mediante el voto directo.

-La aplicación obligatoria del sistema de internas simultáneas y abiertas, para terminar con la intervención de los partidos políticos en las internas de otros partidos y asegurar la máxima participación ciudadana.

-La aplicación obligatoria del sistema de internas simultáneas y abiertas, para terminar con la intervención de los partidos políticos en las internas de otros partidos y asegurar la máxima participación ciudadana.

-La zonificación del voto (se vota en la escuela más cercana al domicilio) para eliminar el «acarreo» de votantes.

-La zonificación del voto (se vota en la escuela más cercana al domicilio) para eliminar el «acarreo» de votantes.

-La implementación del voto electrónico.

-La implementación del voto electrónico.

Gran parte de estos puntos de vista coincide con las propuestas que hicieron los partidos vecinalistas, el Partido Provincial Rionegrino y el Frente Grande, o sea prácticamente el amplio abanico de opciones electorales que obtuvieron el 66% de los votos en las últimas elecciones provinciales.

Gran parte de estos puntos de vista coincide con las propuestas que hicieron los partidos vecinalistas, el Partido Provincial Rionegrino y el Frente Grande, o sea prácticamente el amplio abanico de opciones electorales que obtuvieron el 66% de los votos en las últimas elecciones provinciales.

¿Estarán dispuestos el gobierno y la Unión Cívica Radical a apoyar estas iniciativas en términos del enfoque conceptual (no necesariamente la «letra chica») de la necesidad en serio de una profunda transformación del Estado, o continuará contradiciéndose con un discurso a favor de la reforma y una realidad cotidiana de funcionamiento hegemónico del Poder Legislativo, de nefasta influencia política sobre los organismos de contralor del Estado, de arbitrariedad y ausencia de transparencia en la asignación de los recursos públicos, en un contexto de abandono por parte de la Justicia del control de los actos de los funcionarios públicos?

¿Estarán dispuestos el gobierno y la Unión Cívica Radical a apoyar estas iniciativas en términos del enfoque conceptual (no necesariamente la «letra chica») de la necesidad en serio de una profunda transformación del Estado, o continuará contradiciéndose con un discurso a favor de la reforma y una realidad cotidiana de funcionamiento hegemónico del Poder Legislativo, de nefasta influencia política sobre los organismos de contralor del Estado, de arbitrariedad y ausencia de transparencia en la asignación de los recursos públicos, en un contexto de abandono por parte de la Justicia del control de los actos de los funcionarios públicos?