¿Cuáles son los argumentos políticos de la pretendida “nación mapuche”?

¿Qué encierra el concepto “cuestión mapuche”? ¿Qué diferencia el reclamo de respeto étnico y lingüístico de la acción contra el “despojo territorial”? En una producción periodística especial, en el dossier primero “Río Negro” describe y analiza el universo mapuche desde los costados más visibles de la región: sus reclamos geográficos cada vez más combativos, sus resistencias a proyectos de desarrollo bajo los argumentos de defensa del medioambiente y sus reivindicaciones de derechos colectivos en procura de ejercer poder soberano sobre el hábitat en el que se asientan u ocupan.

12 ene 2015 - 00:00

La formación de un movimiento que aspira al reconocimiento de una “nación mapuche” diferenciada de los dos países que actualmente la albergan (Chile y Argentina) es bastante reciente. Los primeros planteamientos tuvieron lugar en 1990, a partir de un documento titulado “Pueblo mapuche, descentralización del Estado y autonomía regional” y publicado por el centro de estudios mapuches Liwen de Chile. En el 2006 se formó en el vecino país el Partido Nacionalista Mapuche (o Wallmapuhen), que aspira al reconocimiento como nación y propugna la adopción del mapuzungun como idioma oficial del nuevo país.

El reconocimiento político como “nación” lleva implícitos varios reclamos: la restitución de los territorios históricamente usurpados y el derecho al autogobierno fundado en el principio de autodeterminación de los pueblos incorporado en algunas de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas (ONU). El “país mapuche” (Wallmapu) estaría compuesto por regiones que se extienden a un lado y otro de la cordillera de los Andes: el Puelmapu (en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut), con 105.000 mapuches censados, y el Gulumapu (en las regiones chilenas de Los Lagos, Araucanía y parte de la de Bío Bío), donde vivirían alrededor de un millón de pobladores indígenas. Por consiguiente, no estamos ante una mera reivindicación cultural que defiende la conservación de una determinada especificidad étnica y lingüística, sino ante un discurso que denuncia el despojo territorial y la asimilación forzosa provocados por las elites criollas en los procesos de formación de las nacionalidades chilena y argentina.

Según esta narrativa, los mapuches o araucanos fueron históricamente poseedores de un territorio propio al sur de la frontera del río Bío Bío en virtud del Tratado de Quillín, firmado por las autoridades coloniales de España y los líderes araucanos en 1641. Con la firma de este tratado, los españoles habrían reconocido implícitamente la autonomía del Estado de Arauco. Los historiadores chilenos mencionan la Guerra de Arauco como un prolongado conflicto armado que se registró en el siglo XVI, período en el que los araucanos ofrecieron tenaz resistencia a los intentos de los colonizadores españoles de ocupar su territorio. El “desastre de Curalaba” en 1598, donde pierde la vida el gobernador español Martín Oñez de Loyola, simboliza la derrota definitiva de las fuerzas españolas.

Durante las luchas por la independencia de Chile los mapuches tomaron partido y ayudaron a las fuerzas realistas. Una vez alcanzada la independencia de España, los chilenos mantuvieron una política de no agresión hasta que en 1861 se inició un proceso que eufemísticamente se denominó la “pacificación de la Araucanía” mediante el cual, utilizando sobornos, alianzas con tribus enemigas y la guerra, se consiguió en 1883 el sometimiento completo de los mapuches. Este conflicto puso fin al intento del aventurero francés Orélie Antoine de Tounens de erigirse en el rey de la Araucanía gracias al nombramiento refrendado por los principales loncos (jefes) mapuches.

La derrota de las fuerzas mapuches que lucharon en el bando español había propiciado la emigración hacia el noroeste de lo que es hoy la Patagonia argentina. Los grupos mapuches realizaban malones para el robo del ganado que luego trasladaban a través de los pasos de la cordillera de los Andes para su comercialización en Chile. En 1833 Juan Manuel de Rosas había logrado desplazarlos y firmar algunos tratados para evitar sus incursiones, pero estos acuerdos no fueron duraderos y pronto los malones asediaron ciudades como Mendoza, San Luis, Río Cuarto y gran parte de la provincia de Buenos Aires. La Conquista del Desierto, iniciada en 1879 y dirigida por el general Julio Argentino Roca, acabó rápidamente con la resistencia de los mapuches y otras tribus que ocupaban las tierras al norte del río Negro y al oeste del Limay.

Para el historiador Luis Alberto Romero, el general Roca “ejecutó una acción bastante lógica en términos del Estado: consolidar la soberanía territorial y definir las fronteras. Probablemente le preocupaba mucho más la disputa con Chile que la lucha con los aborígenes del sur”. Por otra parte, señala: “Las acciones conducidas por Roca estuvieron muy lejos del exterminio y muy cerca de lo que en la época era habitual: controlar posibles insurrecciones disolviendo los grupos potencialmente peligrosos y procurar diferentes caminos de inserción en el nuevo Estado”. Palabras como “genocidio” son propias de la modernidad, por lo que no resulta atinado utilizarlas para juzgar acciones emprendidas con los valores de otros tiempos. A modo de ejemplo, los patriotas de la Primera Junta de Mayo también fusilaron a sus oponentes y atropellaron los derechos de las poblaciones indígenas del Alto Perú.

Para la historiografía mapuche, las operaciones militares que ocasionaron la pérdida de su territorio forman parte de una política homogeneizadora implementada por el Estado liberal del siglo XIX bajo la consigna “civilización o barbarie”, entendiendo que la civilización estaba representada por los habitantes de raza blanca y cultura europea. En la actualidad tendría su continuidad en los intentos globalizadores gestionados por las empresas multinacionales de ocupar esas tierras para la explotación extractiva minera o agrícolo-ganadera.

El resurgimiento de reivindicaciones de derechos por parte de minorías étnicas forma parte de una resistencia difusa a los avances de la globalización. Grupos europeos anticapitalistas, disconformes con estos procesos, toman como vectores ciertas temáticas étnicas o medioambientales para oponerse a lo que llaman “expansión neoliberal”. Movimientos como el zapatista iniciado en Chiapas (México) en 1994 fueron foco de atracción para los grupos “antiglobalización”. Esto explica que el Partido Nacionalista Mapuche se haya “hermanado” con Aralar, un partido independentista vasco creado tras la disolución de ETA. Ambos aspiran a obtener la “liberación nacional” y acordaron compartir experiencias y estrategias con el objetivo de conquistar el poder.

Las demandas de estos grupos étnicos se han visto reforzadas por algunos tratados de organismos internacionales como la Convención 169 de 1989 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1994. Esta última introduce un tema conflictivo al reconocer los “derechos colectivos” de los pueblos originarios, que “son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos”. Según esta convención, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. No pueden ser desplazados por la fuerza de sus territorios y deben ser consultados antes de aplicar medidas legislativas que los afecten, “a fin de obtener su consentimiento libre, previo o informado”.

El problema que se abre con el reconocimiento de los derechos colectivos es que se estimulan los intentos políticos de los grupos que, por motivos diversos, cuestionan nuestra actual organización política y social. Todo grupo que aspira a hacerse de una nueva identidad acude al uso de relatos históricos o míticos que legitiman sus aspiraciones políticas. Hay mitos que encierran una cierta verdad histórica, pero vienen entrelazados con intereses de orden pragmático que persiguen otros objetivos. Las identidades se consiguen por oposición, a partir de señalar un enemigo. Y para hacerse lugar, en ocasiones, se acude al uso de metodologías violentas o se abona el terreno para que nazcan grupos más radicales.

Como señala Luis Alberto Romero, la “originaria” es una identidad problemática. “En toda la humanidad no se conoce a nadie que sea absolutamente originario. En América todos vinieron en un momento más o menos lejano, haciéndose lugar a los codazos o desplegando otras prácticas que hoy, con nuestros valores y nuestro lenguaje, no vacilaríamos en llamar –erróneamente– genocidas”. Hay que tener cuidado en no incubar, bajo enternecedoras ficciones, el huevo de la serpiente. Las “identidades asesinas” de las que habla Amin Maalouf están siempre al acecho.

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