Cuestionan el costo de medidas judiciales

Desde el municipio de Chos Malal apuntaron contra la Justicia provincial por el creciente gasto que le significa a las cuentas comunales los sucesivos fallos en causas de familias judicializadas. Aseguran que anualmente destinan 5 millones de pesos para cumplir con las medidas ordenadas por los tribunales locales.

Agregaron que son cifras que impactan sobre el plan de obras que intenta llevar adelante la administración de Hugo Gutiérrez. Indicaron que con esos fondos podrían invertirse en obras para toda la comunidad, pero al tratarse de órdenes judiciales con cumplimiento efectivo quedan fuera de discusión.

El malestar creció en las últimas semanas cuando la Justicia ordenó al municipio construir un cerco para separar dos viviendas en el marco de una medida de protección excepcional de niños y adolescentes. La obra fue calculada en 132 mil pesos y, según fuentes comunales, son recursos que el municipio no tiene.

Pero agregaron que los propietarios del lugar trabajan y tienen ingresos con los que podrían llevar a cabo la construcción del paredón. Señalaron que la mujer trabaja en relación de dependencia y que el hombre presta funciones en una empresa privada.

Si bien esa última medida fue la que hizo rebalsar el vaso, en la comuna existe malestar y ven con preocupación la cantidad de oficios judiciales que obliga al municipio a hacerse cargo de, entre otros aspectos, alquileres y ayudas económicas a familias judicializadas.

Destacan que la situación económica del municipio no es la mejor y de hecho han lanzado un plan de recupero por obras de asfalto y cloacas para el ingreso de recursos a las arcas municipales, pero por el momento los resultados no son los esperados.

Se quejan de que en los últimos meses crecieron las intervenciones juidiciales y que todas las soluciones recaen en el municipio que, aseguran, ya está desbordado con las órdenes judiciales.

En el último caso en cuestión, desde el municipio se preguntaron porque el Estado debe hacerse cargo de “ mejoras y una división física que son parte de una propiedad privada con la utilización de fondos públicos”.

Finalmente insistieron que elevó un oficio para dar a conocer que en el último caso se pudo constatar que en la familia sobre la que llegó la resolución judicial: la mujer se encuentra prestando servicios bajo relación de dependencia del gobierno provincial y el hombre en una empresa privada de servicio de pasajeros de larga distancia. “Sabemos que cuentan con los recursos económicos periódicos suficientes para satisfacer las obligaciones impuesto por el vínculo parental existente”., explicaron desde la comuna.

En números

Actualmente en alquileres la comuna invierte 400 mil pesos mensuales, mientras que en ayudas económicas a familias destina otros 54 mil pesos.