El cruce de competencias, un cuestionamiento que atravesó cada intento

La creación de un ente regulador de servicios públicos no es una idea innovadora en la provincia de Neuquén. El exgobernador Jorge Sapag encargó en 2014 el desarrollo de un proyecto de este tipo. Antes, Jorge Sobisch, buscó modificar la ley 2075
–que regula el merado eléctrico– pero que no se aplica. Ahora fue el turno de Omar Gutiérrez.

En todas las etapas donde tomó fuerza el tema, la resistencia de los poderes concedentes –en su mayoría intendentes– se hizo escuchar. El principal temor es que un organismo provincial pase por encima de las competencias que tienen las municipalidades para controlar los servicios públicos que se prestan en cada localidad.

El segundo planteo tiene que ver con la unificación de criterios. La idea de homogeneizar las reglas o tarifas no deja tranquilo a los prestadores, aún cuando en Neuquén se dividen entre cooperativas y empresas del Estado provincial. Uno de los objetivos del último intento de crear un ente regulador fue poder romper el cerco interno de las cooperativas y conocer sus administraciones.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la naturaleza de los controles. Las empresas provinciales neuquinas resistieron la privatización y continúan bajo control estatal. La creación de un ente regulador perdería sustancia en esos casos ya que sería el Estado controlándose a si mismo. Este punto fue objetado fuertemente años atrás por el intendente capitalino Horacio Quiroga.